El fiscal pide imputar a los exjefes de UGT Andalucía por las facturas falsas

La declaración de los dirigentes de UGT-Andalucía detenidos en junio ha servido a la Fiscalía Anticorrupción para reclamar al juzgado instructor la imputación en la causa de las facturas falsas de los anteriores secretarios generales del sindicato, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla. Considera que como máximos reponsables de la organización también lo fueron de la supuesta financiación «ilegal» a través de «la defraudación generalizada en las subvenciones recibidas relativas a fondos de formación». El escrito del fiscal carga con las prácticas de UGT-A denunciadas por antiguos trabajadores y detalladas en el sumario del caso, como el rapel, el bote o el conocido como «canon revolucionario». «Éste modo de financiación irregular habría llegado a tener tal magnitud que, prácticamente, casi todos los gastos estructurales de la organización eran financiados con los fondos destinados a subvenciones para la formación», reprocha.

Tanto Pastrana como Fernández Sevilla «no solo eran conocedores» de las irregularidades «sino que tomaron decisiones», según se deduce de la investigación y del testimonio de detenidos, como el extesorero Federico Fresneda.

El fiscal detalla que esta financiación se realizaba por dos vías. Mediante el rapel, «se repercutía un porcentaje en las compras que hacía el sindicato a un proveedor, soportado por éste y posteriormente ingresado en la cuenta señalada por el sindicato». Las facturas presentadas a la Junta de Andalucía para justificar las subvenciones no incluían ese descuento. Esa diferencia a favor del sindicato se repartía entre la estructura regional y las uniones provinciales.

Respecto al bote, la Fiscalía considera que el sindicato encargaba la elaboración de «facturas simuladas que, sin responder a realidad o negocio jurídico alguno, pasaba a formar parte de una cuenta acreedora de UGT, siempre previo pago de esas facturas». Contaban con una aplicación informática específica para asentar estos movimientos «al margen de la legalidad», y que llamativamente fue subvencionada por la propia Junta de Andalucía, la principal administración afectada por estas prácticas ilegales.