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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en su escaño del Congreso de los Diputados. :: JUANJO MARTÍN / EFE
Economia

La reforma fiscal limitará el daño a las empresas por la supresión de deducciones

Las enmiendas que el PP negocia buscan incluir elementos de seguridad jurídica para algunas medidas de una ley que el Congreso aprueba hoy

D. VALERA
MADRID.Actualizado:

La reforma fiscal pasará hoy uno de sus últimos exámenes. Será en la Comisión de Hacienda del Congreso, donde el PP intenta a contrarreloj lograr algún acuerdo con otros grupos, especialmente CiU y PNV, para incluir enmiendas al proyecto y evitar así dar la sensación de aprobar el texto como un rodillo. Aunque las negociaciones se mantendrán hasta antes de la votación definitiva de hoy por la tarde los posibles cambios afectarán, sobre todo, al Impuesto de Sociedades y, en concreto, a limitar el perjuicio de las empresas y garantizar la seguridad jurídica de las mismas después de la eliminación o limitación de algunas deducciones. En cualquier, caso, como reconocen desde el propio Ministerio de Hacienda los posibles cambios «no afectarán a la parte sustancial de la reforma fiscal». Las enmiendas que más posibilidades tienen de salir adelante, además de las del PP, son algunas presentadas por CiU y PNV.

En concreto, el grupo vasco espera tener el apoyo para aprobar una enmienda para evitar que las empresas que actualizaron su balance a cambio de una tributación del 5% vean reducidos sus gastos de amortización al pasar el tipo de gravamen en Sociedades del 30% al 25%. El PNV justifica esta enmienda al entender que la reforma fiscal perjudica a las empresas que actualizaron el año pasado su balance (la revalorización de los bienes de la sociedad, en especial los inmobiliarios) debido a la aprobación del Gobierno de una ley que permitía tributar por ese nuevo montante el 5%.

Las empresas que se acogieron a esa medida -con la que el Gobierno buscaba una rápida liquidez- lo hicieron por las ventajas de poder incrementar en el futuro los gastos deducibles por la amortización de los activos que habían sido actualizados. Sin embargo, como recoge la enmienda, la rebaja al 25% del tipo del impuesto supondría que «en términos nominales, prácticamente se duplicaría el coste fiscal para el contribuyente de la actualización de balances (al 5% de gravamen especial único se sumaría ahora la reducción efectiva del aprovechamiento en Impuesto de Sociedades de las dotaciones contables a a la amortización otro 5%. Para corregir este problema proponen detraer de la cuota por amortización «el incremento del valor correspondiente a los elementos revalorizados».

Aspectos de inseguridad

La mayor parte de las enmiendas que el PP está dispuesto a aprobar van en esa dirección. Es decir, en solventar aspectos de inseguridad jurídica respecto a la limitación de los beneficios fiscales, algo que tanto desde la CEOE como desde algunas fundaciones como Funcas, habían criticado. Desde el PP insisten en que mantienen abierto el «diálogo», pero también dejaron claras las «líneas rojas» en la negociación. Esto es, cualquier otro tipo de modificación de calado. Entre las presentadas por el grupo popular destaca la de obligar a los partidos políticos a declarar en el Impuesto de Sociedades la totalidad de sus rentas, incluidas las exentas.

Por su parte, el PSOE, que ya presento una enmienda a la totalidad a la norma, descartó ayer casi por completo llegar a algún acuerdo con el PP ni siquiera para aprobar alguna de sus enmiendas. «El PP no se ha dirigido a nosotros. Y en la experiencia pasada no nos han admitido ninguna enmienda», aseguró el portavoz socialista en la comisión de Hacienda, Pedro Saura. En su opinión, la reforma fiscal que saldrá aprobada en el Congreso «navega entre el electoralismo, lo ideológico y la irresponsabilidad». Saura explicó que la «supuesta rebaja» de impuestos solo beneficia a las clases más altas. «Es una reforma pensada para el 10% más rico del país y perjudica el 90%», explicó. Sobre el impacto que la rebaja fiscal puede tener en la recaudación impositiva -9.000 millones entre 2015 y 2016, según el Gobierno- considera que tiene una relación directa con la rebaja de 4.600 millones del techo de gasto presupuestario para 2015.

Una vez aprobada en el Congreso, el proyecto de ley comenzará su tramitación en el Senado.