El Supremo duda de la legalidad de la penalización fiscal de las 'stock options'

El Tribunal Supremo ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad contra la última penalización fiscal de las 'stock options' (opciones de compra sobre acciones) al considerar que una disposición de la Ley de Economía Sostenible de 2011 que incluía «requisitos adicionales» para obtener la reducción del gravamen en la tributación de estas operaciones realizadas desde el 4 de agosto de 2004 tenía un carácter «retroactivo máximo» que vulnera la ley. En concreto, los magistrados consideran que la disposición legal puede entrar en contradicción con el principio de seguridad jurídica proclamado en el artículo 9.3 de la Constitución. «Ponemos en cuestión la disposición final citada desde las exigencias propias del principio de seguridad jurídica que proclama la misma norma constitucional, con el que la regulación tributaria retroactiva, como cualquier otra, puede entrar en colisión», explican en el auto los magistrados.

El fallo se produce tras el recurso presentado por una mujer que tributó por las 'stock options' de su empresa en 2007 y que vio cómo cambiaban sus condiciones fiscales a raíz de dicha modificación legal en 2011. El Supremo aplaza cualquier decisión a la espera de que se pronuncie el Tribunal Constitucional. Y es que los magistrados consideran que «la exigencia de requisitos restrictivos no contenidos en la ley con carácter retroactivo no resulta conforme con el principio de irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales.

Así, el Alto Tribunal duda de la constitucionalidad de la disposición 49.1 de la Ley de Economía Sostenible de 2011 mediante la cual se modificó la ley del IRPF de 2006 fijando condiciones «adicionales» para aplicar la reducción del 40% de la renta objeto de tributación en el caso de la fiscalidad de las 'stocks options' contemplado en esa misma Ley. El auto señala que esas modificaciones se hicieron mediante «una retroactividad de grado máximo que, contraviniendo la justificación de la enmienda, lesiona la seguridad jurídica».

Además, el Alto Tribunal estima que el objetivo de este cambio de norma por parte del legislador fue «dar cobertura legal a posteriori a una disposición reglamentaria que carecía de ella y cuya nulidad estaba anunciada por ser su contenido idéntico al de otra disposición administrativa declarada nula por el Tribunal Supremo». Es decir, que se aprobó para sortear anteriores sentencias contrarias del tribunal. Así, recuerdan que la ley «no puede, elevando el rango de las normas tributarias anteriores nulas, con efectos retroactivos, subsanar y convalidar los actos de aplicación de aquellas que por derivación son nulos».

El auto incluye el voto particular de uno de los siete magistrados de la Sala Tercera del Tribunal, que era partidario de no plantear la cuestión de inconstitucionalidad.