Cuenta atrás para el capital privado en AENA

La privatización parcial de AENA, el gestor público de la red de aeropuertos, afronta esta semana un capítulo decisivo. Salvo retrasos imprevistos, el miércoles próximo se conocerán los socios que conformarán el núcleo duro de la nueva sociedad. Reservado para ellos quedará el 21% del capital social y, aunque la mayoría del accionariado seguirá en manos públicas -la nueva sociedad Enaire es el brazo con el que el Ministerio de Fomento mantendrá el control del 51% del capital-, su presencia influirá, sin duda alguna, en la marcha futura de la compañía.

Aunque se han ido cayendo algunos posibles interesados -importantes grupos de infraestructuras como Acciona, Abertis o FCC terminaron desechando la posibilidad de entrar porque su margen de actuación sería limitado-, el Ejecutivo ha logrado su objetivo de que inversores nacionales figuren al final dentro de la parte estable del accionariado. Tanto Ferrovial, con experiencia dilatada en la gestión aeroportuaria internacional (ahora tiene el 25% del gestor aeroportuario británico), como la Corporación Financiera Alba, el vehículo a través del que maneja sus inversiones la familia March, han concurrido finalmente al proceso. ACS también pretendía estar en la puja, aunque no está confirmado que su oferta llegue finalmente a la línea de meta.

Y es que amén del interés gubernamental en preservar, en lo posible, la españolidad de AENA con una mayoría estable, Fomento estableció varios baremos para ordenar las propuestas. La capacidad financiera de los aspirantes resultará, como suele ser habitual, decisiva: el precio máximo que ofrezcan supondrá un 40% de la nota y otro 10% dependerá de la prima que vayan a dar respecto al valor de salida a Bolsa.

Lo llamativo es que ese precio no vincula al candidato y, si finalmente el estreno en el mercado de la operación pública de venta (OPV) depara una valoración menor de AENA, podrá acogerse al mismo y ahorrarse la diferencia. Esto permitiría que se inflen mucho las propuestas, aunque en la práctica implique menos ingresos para el erario público, dado que los otros aspectos -como la experiencia previa y el compromiso de permanencia (al menos, un año)- son mucho menos valorados.

Claro que desde el Ministerio vienen sosteniendo que la salida a Bolsa de AENA no tiene una finalidad financiera, ni tampoco recaudatoria. El propio titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, restaba importancia esta semana a la cuantía que se pudiera obtener en la operación de cara a su objetivo de reducir el déficit público. De hecho, expertos bursátiles consideran que el Gobierno se había quedado corto al fijar una tasación mínima de 3.400 millones de euros para todo el grupo aeroportuario.

Los bancos que asesoran la operación, no obstante, han elevado ese suelo hasta los 6.850 millones, con la expectativa incluso de que termine alcanzando una valoración de entre 12.000 y 16.000 millones. Eso supondría más de 6.000 millones para las arcas públicas, aunque el mínimo oficial de ingresos estaba en 1.700 millones. Después se elevó la previsión hasta los 2.500 millones, y con margen de mejora.

La OPV, en noviembre

Esta incógnita, no obstante, quedará sin resolver hasta el lanzamiento de la OPV, prevista inicialmente para «los primeros días de noviembre» según anunció a principios de mes el anterior secretario de Infraestructuras, Rafael Catalá. El pasado viernes, sin embargo, la propia ministra Ana Pastor matizaba que así sería «si no se produce contratiempo alguno».

Y es que los plazos los marca el Gobierno, de manera que los interesados en pujar por ese último tramo a privatizar del 28% del capital social de AENA tendrán que aguardar aún. Eso sí, se dejará un tramo para inversores institucionales en aras a preservar la estabilidad del accionariado.

Es lo que esperan de los fondos de inversión que han pujado por entrar en el núcleo duro, entre los que podrían estar los soberanos de Qatar (LLC) y Singapur (GIC) -socios de Ferrovial en los aeropuertos británicos-, el australiano Macquarie y el canadiense Borealis. Su promesa es mantenerse varios años a cambio de una rentabilidad «estable» no muy alta; eso sí, superior a la inflación. La previsión de que AENA tendrá más de 600 millones de beneficios en 2015 parece garantizarlo.