El Gobierno denunciará al presidente catalán por incumplir la suspensión

El Gobierno sigue creyendo que Artur Mas se echará atrás en la convocatoria del referéndum del 9 de noviembre, pero hasta que ceda no va a permitir que sortee con argucias jurídicas la orden de suspensión de la votación y todos los actos que conlleven a la misma. La Moncloa cree que el presidente catalán ha incumplido la ley con la firma del decreto de creación de la junta electoral o comisión de control de la consulta y lo va a denunciar ante el Tribunal Constitucional.

En el Ejecutivo no acaba de entender la estrategia de Mas, que un día, según explicó la vicepresidenta, acata la suspensión del referéndum dictada por la corte, suspende la campaña institucional para promover el voto y cancela la contratación de personal para el 9 de noviembre, pero dos días después firma el decreto de la junta electoral en un claro gesto de desobediencia. Pero lo hace, prosiguió Soraya Sáenz de Santamaría, con unas «prevenciones» que dejan «la sensación» de que el presidente catalán es consciente de que incurre en una prevaricación.

La número dos del Gobierno apuntó en este sentido que los términos jurídicos del decreto son, cuando menos, «novedosos y sin precedentes», un dato que abona la idea de que el texto fue muy meditado para retorcer la legalidad. La orden fue publicada hoy por el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya con la particularidad de que no fija una fecha de entrada en vigor, lo normal es que sea al día siguiente de su publicación, y solo señala que está firmado en cumplimiento de «una comunicación del Parlament» y «a los efectos de la vigencia correspondiente». Se podría interpretar, por tanto, que la junta electoral catalana está en un limbo legal al carecer de una fecha de constitución. Si fuera así no existiría y no se habría producido la desobediencia al Constitucional. Mas ya avisó antes de entrar en la vorágine que se desató con la firma de la convocatoria del referéndum que actuaría con «astucia e inteligencia», unas armas con las que «David derrotó a Goliat».

Sáenz de Santamaría, sin embargo, cree que se ha producido «un incumplimiento de la suspensión». El Gobierno ha ordenado a la Abogacía del Estado que lo ponga en conocimiento del Tribunal Constitucional para que decida qué medidas tomar. Una de ellas podría ser una nueva suspensión, en este caso del decreto, lo que anularía sus efectos jurídicos y convertiría la junta electoral en papel mojado. La decisión, con todo, estaría supeditada a la petición que hagan los servicios jurídicos.

Última oportunidad

La vicepresidenta dejó la impresión de que el Gobierno aún da una última oportunidad al presidente de la Generalitat. La firma del decreto por parte de Mas se interpreta en la Moncloa más como un gesto hacia los partidos soberanistas en vísperas de la cumbre que han mantenido hoy que una voluntad real de vulnerar la ley. Esa es una de las razones de que no haya instado a la Fiscalía a intervenir. Sáenz de Santamaría avisó, no obstante, de que el Ministerio Público «estará muy pendiente» de los actos del Ejecutivo catalán para actuar por la vía penal si aprecia que hay indicios de delito de desobediencia u otro tipo.

Hechas estas reflexiones, la vicepresidenta instó al presidente de la Generalitat a que recapacite sobre lo que hace. «Debiera -apuntó- evitar seguir dando pasos en esa dirección». Mas, insistió, tiene que «cumplir la ley» y no decidir él mismo por su cuenta y riesgo «qué ley se cumple y qué ley no se cumple». La portavoz gubernamental, dentro del tono pedagógico que quiso dar a su intervención, puntualizó también que «nadie puede diseñar la democracia a su medida» dado que el sistema democrático está jalonado por leyes que afectan a todos sin excepción.

Si el presidente catalán se empecina en el incumplimiento de la ley, Sáenz de Santamaría garantizó que el Gobierno de Mariano Rajoy actuará con «firmeza serena» y no permitirá que Mas ni nadie desborde el marco legal.