Hacienda extiende la sospecha de las tarjetas B a todas las grandes empresas

A grandes males, grandes remedios... aunque no esté clara su eficacia. Hacienda va a investigar de oficio -en realidad, a instancias del propio ministro, Cristóbal Montoro- la posible utilización de tarjetas de crédito B u opacas en las grandes empresas españolas, fundamentalmente las que cotizan en el índice selectivo Ibex-35 aunque también algunas otras importantes que no están en el mercado bursátil.

En su punto de mira están las retribuciones indirectas que esas compañías han ido abonando a sus consejeros y altos cargos en los últimos cuatro ejercicios -el resto habrían prescrito-, a fin de determinar el medio en que se han efectuado esos pagos en especie y también el destino que se ha dado a los mismos. Con ello se pretende discriminar si han sido utilizados para ocultar abonos irregulares, o bien directamente constituyen un sueldo 'en negro' por el que no se ha declarado.

«Lo que se busca es esclarecer si lo que ha pasado en Caja Madrid y Bankia ha ocurrido también en otras empresas», apuntaron ayer fuentes de la Agencia Tributaria. Se refieren al escándalo desatado a raíz de descubrirse que entre 2003 y 2012 se dilapidaron 15,5 millones de euros de las arcas de Caja Madrid -fundamentalmente- y Bankia, a través de la forma abusiva con que un total de 83 exconsejeros y exejecutivos de ambas entidades utilizaron las tarjetas VIP que se les dieron. Otros tres altos cargos renunciaron a hacer uso de las mismas, aunque no llegaron a quejarse de esos excesos.

En medios del organismo tributario han «indignado» las declaraciones autoexculpatorias hechas en los últimos días por varios exconsejeros de Caja Madrid, en el sentido de que Hacienda sabía del uso de las llamadas tarjetas B (conocidas internamente como 'Black') e incluso supuestamente existiría un acuerdo con ella por el que tributaban un 35% de los gastos totales. También se rechaza el argumento extendido por algunos de ellos de que «esa era una práctica conocida y legal en muchas corporaciones del mundo».

«La Agencia Tributaria no suscribe pactos de ese tipo», apuntaron desde al fisco, al tiempo que se remitieron a la normativa vigente sobre fórmulas indirectas de retribución y los límites que hay por empleado. Así, en el caso de las tarjetas para gastos de representación, es el beneficiario el que debe justificar cada pago. Y recuerdan también que las tarjetas de la caja de ahorros madrileña se manejaban en un circuito paralelo, fuera de los mecanismos de contabilidad habituales y «aparte de cualquier cauce ordinario».

Esa es precisamente la razón por la que algunos inspectores de Hacienda consultados por este medio dudan de la eficacia real de esta sorpresiva medida ordenada desde el Ministerio si no se ponen medios suficientes para ello. «Los pagos en especie en las empresas ya son controlados anualmente en los planes de inspección y no se ha detectado un fraude generalizado; cosa distinta -señalan- es que se utilice una práctica tan rebuscada como en Caja Madrid para no dejar rastro». De hecho, las alarmas tampoco saltaron en el Banco de España -donde ayer aún no había llegado el requerimiento del juez instructor del 'caso Bankia' para que le informe de su conocimiento sobre lo ocurrido- porque, según fuentes del organismo, «el importe de las tarjetas (una media de 1,5 millones al año) no era en este caso suficiente para que se viera afectada la solvencia de la entidad».

«Se revuelve el estómago»

Tampoco el ministro de Economía, Luis de Guindos, considera que estemos que estemos ante unas prácticas «prohibidas» generalizadas. «Estoy seguro de que es un caso singular», aseveró. No obstante, y en la misma línea de sorpresa mostrada el jueves por el titular de Hacienda, dijo entender «la indignación» creada, si bien añadió que «al primero que se le revuelve el estómago es a mí cuando luego veo las inyecciones de capital que se han hecho».

Ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Audiencia Nacional han concretado aún las responsabilidades penales que se pudieran derivar del uso abusivo de las tarjetas B ('Business Oro' y 'Plata') por las antiguas cúpulas de Caja Madrid y Bankia. La primera descarta que, a priori, se les pueda imputar un delito fiscal dado que las cantidades presuntamente defraudadas por ejercicio no llegarían a los 120.000 euros. No obstante, fuentes de Hacienda sí ven factible abrirles sendos expedientes por una infracción administrativa y luego sancionarles, además de pagar el impuesto correspondiente.

Lo que sí contempla el Ministerio Público, a priori, es la opción de imputarles un delito societario y otro de apropiación indebida -al menos, a los responsables que urdieron toda esa operativa opaca-, sin descartar incluso llegar a atribuirles a todos de forma conjunta un delito de asociación ilícita. Los principales cargos de Caja Madrid establecieron varios escalafones a la hora de seleccionar la recompensa vía tarjetas B que recibiría cada grupo de consejeros y directivos -que, a su vez, tenían distintos límites de gasto- en función de sus «sensibilidades» políticas y el grado de respaldado que daban al entonces presidente, Miguel Blesa, en las decisiones del consejo.