Enrique Pamies y José María Ballesteros, al inicio del juicio en septiembre de 2013. :: E. NARANJO / EFE
ESPAÑA

Los policías del chivatazo no cumplirán por ahora 18 meses de prisión

El tribunal de la Audiencia Nacional que les condenó suspende la ejecución de la pena mientras el Gobierno decide sobre su indulto

MADRID. Actualizado: Guardar
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De momento, aguantan. El comisario Enrique Pamies y el inspector José María Ballesteros, condenados por revelación de secretos en el denominado 'caso Faisán', el chivatazo policial a la red de extorsión de ETA, no cumplirán por ahora los 18 meses de cárcel y los cuatro años de inhabilitación por los que fueron castigados primero por la Audiencia Nacional y luego, en sentencia firme, por el Supremo.

La paralización de la ejecución de la pena obedece a una norma de 1870, la Ley Reguladora del Indulto, que permite al Poder Ejecutivo modificar o directamente eliminar la condena impuesta por un tribunal del Poder Judicial. Tanto Pamies como Ballesteros formularon su petición de gracia, como antes lo hicieron tantos otros, y la primera consecuencia del procedimiento ha sido favorable para ambos.

El tribunal de la Audiencia Nacional que les condenó por el chivatazo, la sección tercera de la Sala de lo Penal, presidida por el magistrado Alfonso Guevara, acordó ayer suspender la ejecución de la pena mientras se tramita el indulto. El efecto inmediato es que los condenados ganan tiempo y seguirán en sus puestos de trabajo; el comisario Pamies en la Jefatura Superior de Aragón y el inspector Ballesteros en la Jefatura Superior de La Rioja.

La justificación del tribunal atiende a tres motivos. Primero, que la pena de prisión (un año y medio) se encuentra dentro de los «parámetros» para acordar la medida, es decir, que ni el tiempo ni el delito son lo suficientemente graves. Segundo, que en la sentencia condenatoria no se les impuso responsabilidad civil, por lo que no tienen pendiente de abonar ninguna cuantía. Y por último, que carecen de antecedentes penales. Con todo ello, los magistrados entienden que no acordar la suspensión de la pena supondría un menoscabo para lo afectados si al final el Gobierno les concede un indulto total o parcial. Una posibilidad que está por ver.