El Gobierno opta por la prudencia ante las decisiones del Parlamento de Cataluña

El Gobierno de Mariano Rajoy prefiere pecar de prudente antes que exacerbar más los ánimos entre el soberanismo catalán. Desde la resolución del Tribunal Constitucional de suspender la ley de consultas y el referéndum del 9 de noviembre todas las declaraciones desde el Ejecutivo han estado medidas. Se ha limitado a tomar decisiones preventivas, como el envío de unidades de policías antidisturbios para proteger las sedes gubernamentales, y ha ordenado a la Abogacía del Estado que estudie si la elección de la junta electoral para el referéndum vulnera la orden de la corte de garantías.

Aunque hay dirigentes en el PP que hubieran deseado una reacción más expeditiva, Rajoy ha diseñado una estrategia de huir de la visceralidad y no tensar más la cuerda. El presidente del Gobierno tiene la firme convicción de que Artur Mas claudicará y asumirá en todos sus términos la orden del Tribunal Constitucional de no celebrar el referéndum. Basado en esta casi certeza, Rajoy no quiere dar argumentos a los más soberanistas para que recrudezcan la presión sobre el presidente de la Generalitat para que desobedezca a la corte. Sus únicos mensajes al presidente catalán son que cumpla la ley.

La Moncloa en vez de poner de inmediato en manos de la Fiscalía la decisión del Parlamento autonómico de designar a los siete miembros de la comisión de control de la consulta, se limitó a ordenar a la Abogacía del Estado que estudie si ese paso conculca la resolución del tribunal. Un gesto de absoluta mesura, según fuentes gubernamentales, porque parece palmario que vulnera la suspensión.

El Gobierno cree que los hechos avalan su modo de actuar porque a pesar de la palabrería más o menos subida de tono -«no rectificaré», dijo Artur Mas en un mensaje dirigido a Rajoy- el hecho cierto, lo que cuenta, es que la campaña institucional de la Generalitat se ha suspendido así como los preparativos para el 9 de noviembre. Se han cancelado los espacios publicitarios en medios de comunicación y se ha suspendido la contratación de personal para trabajar en la jornada de votación.

Un dato más de que el Gobierno y el PP no desean buscar nuevos frentes de conflicto en Cataluña es que los populares en esa comunidad han desistido de la idea de denunciar ante la Fiscalía a los diputados que votaron la elección de los miembros de la junta electoral para la consulta. El parlamentario Enric Millo señaló ayer que nunca pensó hacerlo, aunque reconoció que pidió a la Mesa de la Cámara los nombres de los que apretaron el botón. El PP, aclaró, va a denunciar la votación en sí porque es un acto contrario, a su juicio, a la suspensión de la consulta, no a los protagonistas.

«Nación plural»

El presidente del Gobierno aprovechó su presencia ayer en una reunión empresarial latinoamericana y española para volver a pedir a Mas que desista de sus planes soberanistas. «España -dijo- es una nación plural y diversas que nunca renunciará a esta relación de integración y fortaleza». Rajoy no hizo ninguna referencia a las últimas decisiones del Parlamento catalán ni al enrocamiento verbal del presidente de la Generalitat.

La creencia de que Mas dará un paso atrás también la tiene el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, quien se mostró «convencido» de que pese «al ruido y las declaraciones, las cosas se irán serenando». El secretario general del PSOE volvió a ponerse del lado del Gobierno, pero una vez más reprochó a Rajoy que aplicar la ley es lo correcto aunque «no basta». El «inmovilismo» que, a su juicio, practica el jefe del Ejecutivo es «gasolina para el independentismo» y volvió a la carga con su propuesta de reforma de la Constitución.

Un planteamiento que no comparte ni el Gobierno ni las fuerzas soberanistas de Cataluña.