Francia recorta pero no cumple con Bruselas

El Gobierno francés aprobó ayer en Consejo de Ministros el proyecto de presupuestos para 2015 que confirma el incumplimiento de los compromisos europeos de reducción del déficit público pese a la contención del gasto. París, que se escuda en la atonía del crecimiento y la débil inflación, tendrá que pedir una tercera prórroga de dos años a Bruselas a quien emplaza a asumir sus responsabilidades para evitar el fantasma de la deflación.

Según el Proyecto de Ley de Finanzas el déficit presupuestario bajará ligeramente el próximo año, al pasar del 4,4% de 2014 al 4,3% en 2015, para después descender hasta el 3,8% en 2016 y el 2,8% en 2017. De esta manera se retrasa dos años el objetivo que impone Bruselas de bajar del 3% en 2015. Estos cálculos se basan en unas previsiones de crecimiento del 0,4% este año antes de acelararse al 1% en 2015, al 1,7% en 2016, al 1,9% en 2017 y al 2% en los años siguientes. Pero el Alto Consejo de Finanzas, organismo oficial independiente, advirtió de que las hipótesis macroeconómicas del Gobierno para el bienio 2016-2017 eran demasiado favorables.

El texto ratifica el plan de recorte del gasto público anunciado por el presidente francés, François Hollande, en enero. De un importe global de 50.000 millones en tres años, el ajuste será de 21.000 millones de euros en 2015 y de 14.500 millones tanto en 2016 como en 2017. El total del trienio equivaldrá a reducir en un 4% el gasto público, que en la actualidad es del 56,5%, uno de los porcentajes más altos del mundo.

Estos recortes, presentados como históricos, no significan que los gastos vayan a bajar en términos reales sino que aumentarán menos que su progresión tendencial calculada por el Gobierno. El Tribunal de Cuentas, también independiente, ha evaluado que con el ahorro de 50.000 millones el gasto público aumentaría en 62.000 millones en lugar de en 112.000.

La política de ahorro francesa está enfocada a compensar la merma de ingresos consecutiva a la bajada de la presión fiscal prometida a partir del próximo ejercicio. La supresión del primer tramo del impuesto sobre la renta y la reducción del baremo beneficiará a nueve millones de hogares fiscales y supondrá 3.200 millones menos para las arcas públicas.