El presidente catalán insiste en que tiene todo «preparado» para que se vote el 9 de noviembre

Minutos antes de que el Constitucional suspendiera la ley de consultas y el decreto de convocatoria del referéndum, Artur Mas trató de lanzar un mensaje de tranquilidad y de normalidad e insistió en que el proceso sigue su curso. «Estamos preparados. Tenemos la base para que el 9-N se haga bien», afirmó.

Mas pidió a la ciudadanía que tenga confianza en el trabajo de la Generalitat. En tres días el Gobierno catalán ha «demostrado» que está listo, dijo el presidente catalán, y presumió de que en 72 horas ha convocado a las urnas a los catalanes, ha presentado el operativo del día de la votación y ha hecho pública toda la información, recogida en el 'libro blanco de la independencia', para que la gente pueda acudir a votar con conocimiento de causa.

Mas no conocía aún la resolución del tribunal, pero la daba por descontada, y se mostró muy crítico con la Corte y con el Gobierno. Recriminó al Constitucional que se reuniese de forma «supersónica» por primera en su historia, reprochó a su presidente, Francico Pérez de los Cobos, la «animadversión» hacia Cataluña y pidió a sus miembros que sean árbitros de todos y no solo de una parte.

No se quedó ahí y arremetió también contra el Ejecutivo de Rajoy, al que tachó de hostil, de obstaculizar la legalidad catalana, de cargarse a Montesquieu y de tener miedo a la respuesta que pueda dar el pueblo catalán en una consulta que, dijo, «no es ilegal, ni se trata de un referéndum encubierto». El argumento que emplea el Gobierno en su recurso ante el Tribunal Constitucional contra la convocatoria.

El Ejecutivo catalán advirtió a su vez a Rajoy que con el recurso está cometiendo «uno de los errores más graves de la democracia española» y tendrá unas «consecuencias mayúsculas», según apuntó el consejero de la Presidencia y portavoz, Francesc Homs.

Mas no dijo que hará a partir de la suspensión, aunque el sábado dejó claro que continuará con los preparativos como si no hubiera pasado nada. Aunque la encargada de la logística, la vicepresidenta Joana Ortega, evitó el domingo suscribir las intenciones del presidente de la Generalitat, el consejero de Presidencia fue ayer más preciso y señaló que la administración catalana proseguirá con los preparativos «que no generen efectos jurídicos y que no generen derechos ni obligaciones a terceros ni a miembros de la administración».

Preservar a los funcionarios

El matiz no es baladí teniendo en cuenta que el exfiscal jefe del Tribunal Superior de Cataluña, José María Mena, afirmó la semana pasada que una vez se suspenda la ley de consultas «todo aquel que trabaje para el 9-N, ya sea alcalde, concejal, funcionario o ciudadano, será juzgado y condenado». «Tenemos que procurar que estos actos preparatorios no sean utilizados por parte del Gobierno español para actuar en contra de nuestros funcionarios», dijo Homs. El Gobierno catalán prevé que 4.834 miembros de la administración autonómica y 9.200 policías, 6.200 agentes de los Mossos y 3.000 policías locales, participen en el dispositivo de seguridad de la consulta. «No podemos poner a nuestros funcionarios ante la tesitura de si son ellos o no los que cumplen la ley», insistió el portavoz.

Homs dijo que la suspensión es más formal que otra cosa, garantizó que el Ejecutivo catalán no se quedará de brazos cruzados y que al tratarse de una suspensión cautelar presentarán alegaciones. La suspensión, avisó, no quiere decir que se ha «acabado la partida».

Mas está convencido de seguir adelante, pero si tiene dudas, tendrá mucha presión. La de la Asamblea Nacional Catalana, que ya ha anunciado movilizaciones por todas las localidades de Cataluña, de la CUP, que se manifestó hoy ante la Delegación del Gobierno, y sobre todo del líder de Esquerra, Oriol Junqueras, que le pide que no se no «rinda». Ninguna sentencia acabará con el proceso soberanista, dijo el jefe de los republicanos, quien recordó a Mas que todavía no ha hecho todos los deberes y que su compromiso es que se pueda votar el 9-N y no solo convocar la consulta. «Tenemos que elegir entre obedecer el mandato democrático de la ciudadanía de Cataluña o bien obedecer al Tribunal Constitucional. Que nadie tenga ninguna duda de que obedeceremos el mandato democrático de los catalanes», remataron desde las filas republicanas.