El pederasta trata de buscar la nulidad del caso para forzar su excarcelación
Su abogado denuncia al ministro del Interior por revelación de secretos por los datos que aportó en su comparecencia ante la prensa
MADRID.Actualizado:El abogado del presunto pederasta de Ciudad Lineal, Antonio Ángel Ortiz, ya tienen clara la estrategia para intentar salvar a su cliente ante las cada vez más abrumadoras pruebas que le relacionan con el abuso o intento de secuestro de, al menos, ocho niñas en Madrid durante el último año. Intenta forzar la nulidad de todas las diligencias practicadas desde su captura para tratar de conseguir su excarcelación.
La línea de defensa ha quedado al descubierto después de que el letrado haya presentado un escrito a la juez que instruye el caso, la titular del juzgado número 10 de Madrid, María Antonia de Torres Díez-Madroñero, en la que reclama que abra de inmediato una investigación al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por un supuesto delito de revelación de secretos por la difusión de datos de su cliente, a pesar de que la causa estaba declarada secreta.
La defensa del supuesto depredador sexual de niñas, que recuerda que infinidad de medios han reproducido la imagen del detenido e innumerables detalles de su vida privada, asegura que «esta situación atenta al más elemental derecho a la defensa en todas sus vertientes, y de la misma manera, invalida todos los medios de prueba que puedan sustentarse en cualquier reconocimiento de identidad que se pueda producir». Por eso, el defensor del presunto pederasta reclama también a la juez que suspenda de inmediato la rueda de reconocimiento a la que la Policía quiere someter en breve a Antonio Ángel Ortiz ante algunas de sus víctimas.
En la rueda de prensa que, según la defensa del detenido invalidaría todo el proceso legal, compareció Fernández Díaz acompañado de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes; el jefe superior de la Policía de Madrid, Alfonso Fernández Díaz, y el jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, José Luis Conde. Los mandos de Interior en aquella intervención revelaron que se trataba de un varón de 42 años; que había pasado siete años en la cárcel por abusar de una niña de seis años; que tenía antecedentes policiales por robos con violencia, robos con fuerza y violencia de género; que tenía vínculos con el crimen organizado; que se dedicaba a la compraventa de vehículos y que había trabajado en el sector de la electrónica; y que era un amante del culturismo y de las artes marciales.
Sin pruebas
Una difusión de datos que, según su defensa, propiciaron su identificación y conculcaron sus derechos fundamentales, entre ellos el de la presunción de inocencia. Es más, el abogado da a entender que su encarcelamiento preventivo fue fruto de las acusaciones vertidas contra el detenido por el Ministerio del Interior -«la situación creada con anterioridad»- y no por las pruebas recabadas contra él por los investigadores. El defensor insiste, por tanto, en reclamar la inmediata puesta en libertad de su patrocinado porque su encarcelamiento «no es acorde con los derechos constitucionales vigentes».
Pero la denuncia no solo se centra contra Fernández, al que se pide que sea interrogado. El abogado del presunto abusador de menores también dirige su demanda contra «las demás personas (...) en principio, pertenecientes al Cuerpo Nacional de la Policía», que pudieron filtrar datos de la investigación a los medios, entre ellos, que los investigadores le acusaban de cinco agresiones sexuales, cinco delitos de detención ilegal de las niñas abusadas, tres intentos de secuestro de otras tres menores que no logró raptar, dos homicidios frustrados por la sobredosis de sedante que suministro a dos de las pequeñas y un delito de allanamiento de morada por haber abusado de su primera víctima en su casa.
Además, la defensa solicita a la magistrada que prohíba a las autoridades policiales «hacer público cualquier dato relativo a esta investigación, tanto pasado como futuro, y en especial a la posible práctica de diligencias y las fechas de realización de las mismas, todo ello bajo apercibimiento legal de las consecuencias penales correspondientes».
Antonio Ángel Ortiz fue detenido el pasado miércoles en un domicilio de su familia de Santander donde se había refugiado hacía un par de semanas para huir de la presión policial y fue encarcelado el viernes.