El Gobierno tumba el referéndum independentista en 24 horas

El Gobierno apenas necesitó 24 horas para paralizar el referéndum sobre la independencia de Cataluña del 9 de noviembre. Poco más de 60 minutos tardó el Tribunal Constitucional en aprobar por unanimidad de sus doce miembros la admisión a trámite de los dos recursos del Gobierno contra la ley de consultas de Cataluña y el decreto de convocatoria del referéndum. Con esa decisión ambas normas quedan suspendidas hasta que la corte resuelva sobre el fondo del asunto.

La corte justificó en un comunicado la inusual velocidad con que ha despachado el asunto porque no podía «demorar su resolución» ya que es consciente de «la trascendencia constitucional y política» que tiene para España y Cataluña el conflicto jurídico planteado. Precisa, asimismo, que la admisión a trámite de los recursos significa que «quedan en suspenso todas las resoluciones o actos dictados en aplicación de la norma y el decreto recurridos». En definitiva, que no solo está suspendida la votación sino todos los actos que la acompañan, ya sea la campaña institucional para llamar a votar, los actos para pedir el voto en un sentido u otro, o las cuestiones administrativas para organizar el referéndum, como la constitución de mesas, los espacios publicitarios o la elección de junta electoral. Una advertencia que implica que la Fiscalía estará vigilante para que cese toda actividad institucional relacionada con el referéndum.

La suspensión estará vigente durante cinco meses, transcurridos los cuales el Constitucional, si no ha resuelto los recursos, la prorrogará o levantará. Es lo que establece el artículo 161.2 de la Constitución. Ahora se abre un plazo de dos semanas para que las partes afectadas puedan presentar alegaciones en el caso de la ley de consultas y de 20 días en el del decreto.

La decisión fue adoptada en un pleno urgente, pero ordinario, que el presidente del tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, convocó para las 18:30 horas. Los magistrados se limitaron a comprobar si los dos escritos de la Abogacía del Estado cumplían los requisitos exigidos para ser aceptados sin entrar en el fondo del asunto.

Mariano Rajoy aseguró que tenía todo listo para intervenir en cuanto Artur Mas firmara el decreto de convocatoria de la votación y los hechos lo demostraron. La respuesta no cogió por sorpresa al Gobierno catalán, solo causó cierto pasmo la velocidad de los acontecimientos -Artur Mas se extrañó de la «velocidad supersónica» del tribunal-. La Generalitat también estaba preparada para una decisión más que anunciada y tiene preparado su siguiente movimiento jurídico, presentará alegaciones contra la decisión del tribunal.

Rajoy espera ahora otra avalancha de, como él mismo dijo, «bonitas palabras» de Mas y de las fuerzas soberanistas para argumentar su derecho a votar sobre la autodeterminación de Cataluña. Pero nunca ha habido ni habrá «posibilidad real» de que la votación se produzca, como también se encargó de subrayar el presidente del Gobierno en su declaración institucional tras el Consejo de Ministros extraordinario convocado para aprobar el recurso contra la ley de consultas y la impugnación del decreto de convocatoria del referéndum.

El Gobierno ha dicho su última palabra. Apenas dejó una mínima rendija a volver a hablar, siempre que la Generalitat acate la decisión del Constitucional, sobre lo que algunos interpretaron como una vaga alusión a la reforma de la Constitución y a las 23 propuestas para mejorar el autogobierno que llevó Mas a la Moncloa en su última visita.

Cumplirá la ley

El jefe del Ejecutivo confía en su victoria en la partida porque, razones legales y constitucionales al margen, tiene la convicción de que el presidente catalán no se va a saltar la ley a la torera por muchas presiones que reciba de Esquerra y los movimientos soberanistas. «No valoro un escenario distinto a que Mas cumpla la ley», dijo convencido. Una convicción que comparten en el PSOE. Ignorar el requerimiento de la corte, sostienen en el Ejecutivo, sería perder el escaso crédito internacional que tiene la demanda soberanista de Cataluña y enterraría la posibilidad de una negociación para varias generaciones.

Rajoy no recibió garantías sobre el respeto al marco legal en la entrevista que mantuvo con Mas el 30 de julio, pero otros interlocutores del presidente catalán, sin ir más lejos los dos últimos secretarios generales del PSOE, escucharon de su boca que respetará la legalidad. Claro que también se puede interpretar que se refería a las leyes que emanan del Parlamento de Cataluña. Pero no es esa la impresión de la Moncloa.

El presidente del Gobierno quisiera además tener finiquitado el debate de constitucionalidad para el 9 de noviembre. La Abogacía del Estado ha estudiado el antecedente del plan Ibarretxe para tener resueltos los recursos antes de la fecha prevista de la votación. En esta ocasión, sin embargo, el calendario juega en contra pues apenas quedan 40 días para el 9 de noviembre y los ritmos en el Constitucional no son, precisamente, vertiginosos. José Luis Rodríguez Zapatero recurrió un 17 de julio de 2008 la ley de consultas del Parlamento vasco para celebrar un referéndum el 25 de octubre sobre «el derecho a decidir» y el 11 de septiembre, en 55 días, el tribunal la declaró «inconstitucional y nula».