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Furgones policiales trasladaban ayer a detenidos a los juzgados de Plaza de Castilla. :: JOSÉ RAMÓN LADRA
ESPAÑA

El pederasta de Ciudad Lineal se enfrentará a delitos penados con más de 80 años de cárcel

La juez encarcela a Antonio Ortiz, al que la Policía también le imputa el intento de homicidio de dos de las niñas por una sobredosis de sedante

MELCHOR SÁIZ-PARDO
MADRID.Actualizado:

Antonio Ángel Ortiz, el supuesto pederasta de Ciudad Lineal, que la noche del viernes ingresó en prisión por orden de la juez de Instrucción Número 10 de Madrid, se enfrentará probablemente a delitos penados con más de ocho décadas de cárcel, aunque, en ningún caso, cumplirá más de 40 años, máximo de tiempo real entre rejas. El presunto pederasta, como hizo ante la Policía, se negó a declarar ante la magistrada María Antonia de Torres Díez-Madroñero, que le envió directamente a la cárcel sin fianza basándose en el durísimo atestado remitido por la Jefatura Superior de Madrid , que le acusa de un total de 16 ilícitos.

Son cinco delitos de agresión sexual a menores en concurso ideal con sendos delitos de detención ilegal, por los casos consumados de julio y septiembre de 2013 y en abril, junio y agosto de 2014. Tres tentativas de detención ilegal, los raptos fallidos de abril y agosto de este año. Dos homicidios en grado de tentativa por la sobredosis casi mortal de sedante que administró a dos de las niñas raptadas el pasado verano. Y un último delito de allanamiento de morada por abusar de la primera de sus víctimas en su propia casa.

Los cargos, en principio, se quedarán ahí, pero todo puede cambiar. La Policía, tras comprobar todas las denuncias de abusos pendientes de aclarar en la Comunidad de Madrid, no le relaciona con ningún otro ataque denunciado. Y los agentes no tienen indicios de que el criminal actuara nunca fuera de Madrid.

No obstante, los funcionarios no descartan que, una vez conocida la captura del sospechoso y distribuida su imagen, haya víctimas que se animen a interponer nuevas denuncias de abusos consumados o tentativas de rapto.

Sea como fuere, lo que no esperan los investigadores bajo ningún concepto es que el sospechoso confiese de motu proprio más agresiones.

Antonio Ángel Ortiz, según fuentes del caso, se mostró como una «auténtica roca» durante las más de 48 horas que estuvo detenido. En todo momento rechazó el ofrecimiento de los policías a declarar y se limitó, una y otra vez, con la mayor de las tranquilidades, a advertir a sus custodios de que se estaban «equivocando de persona».

Responsables de la investigación revelaron que, sabedores de que a un tipo tan frío como Ortiz no iban a arrancar una confesión, la táctica ha sido «dejarle en paz» y fiar toda la investigación a las pruebas. «No tenemos ningún interés en que declare o no sino de avanzar con las pruebas, encajar todo el puzle y que nos lleve a facilitar su culpabilidad», explicó el el jefe superior de la Policía de Madrid, Alfonso Fernández Díaz.

E «indicios de sobra hay», dicen los investigadores, que aseguran haber obtenido pruebas en multitud de escenarios, entre ellos, en el registro durante 14 horas el pasado jueves de la casa de la calle Santa Virgilia donde podría haber abusado de, al menos, tres de las niñas; de los registros de la casa que compartía con su madre y de la vivienda en la que se refugió en Santander; del análisis de los vehículos a nombre de terceros que usó en sus crímenes; de las grabaciones de las cámaras de seguridad; de los estudios de sus llamadas durante los asaltos; del interrogatorio de varios de sus familiares y de su novia...

«Hemos buscado y hemos encontrado todos los indicios, tanto los que presumíamos que podíamos encontrar como otros porque siempre se pueden cometer fallos», dijo el jefe superior de Madrid. «El crimen nunca es perfecto. Uno siempre deja rastros que evidencian lugares, efectos, documentos... que luego son pruebas», abundó Fernández.

Los resultados de las muestras de ADN recogidas el jueves aún tardarán unos días en conocerse. De ser positivos, la Policía dará casi por cerrado este caso que durante un año ha sido la mayor pesadilla para la seguridad pública en España.