Un implicado en el 'caso ERE' salpica ahora al PSOE y al PSC

La trama de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía salta de territorio y salpica ya al PSC y al PSOE federal a raíz de las declaraciones de uno de los imputados en la trama por el cobro de sobrecomisiones. Eduardo Pascual, responsable de Vitalia, una de las aseguradoras que tramitaron la mayoría de las prejubilaciones, aseguró ayer a la juez Mercedes Alaya que un acuerdo entre el PSC y el PSOE andaluz permitió que una mutua de su empresa, Fortia Vida, tramitara gran número de expedientes, y que parte de los casi cien millones recibidos por esa entidad fueron a parar a empresarios vinculados a la cúpula del PSOE e invertidos en dos hoteles en República Dominicana.

Pascual fue detenido en 2013 e imputado por cohecho, malversación, falsedad en documento mercantil y prevaricación, contra la hacienda pública y asociación ilícita. Pasó un año en prisión hasta que se le rebajó la fianza de 600.000 a 6.000 euros. Se trata de un viejo conocido de la justicia, dado que está imputado por estafa en la quiebra de Eurobank del Mediterráneo, intervenido en 2003 por el Banco de España, y en el saqueo de Fortia Vida, intervenida por la Generalitat de Cataluña en 2009.

Según explicó, el acuerdo con el PSC permitió a Fortia operar fuera de Cataluña y conseguir los expedientes andaluces. La entidad recibió cien millones de euros, de los que 18 fueron a parar a empresarios vinculados a la dirección federal del PSOE.

Pascual menciona a Antonio Garrigó, vinculado también a Eurobank, y a Jesús Barderas, cercano al expresidente Felipe González y a quien el imputado define como «la persona que en representación del PSOE lleva las inversiones internacionales en Sudamérica». Fuentes del Ejecutivo regional y del PSOE andaluz negaron las acusaciones de Pascual y anunciaron incluso acciones penales por injurias.