Anticorrupción pide diez años de prisión para los cabecillas de la red 'Gürtel'

La Fiscalía Anticorrupción remitió ayer su escrito de calificación al Tribunal Superior de Justicia de Valencia para el juicio contra los 27 imputados en la pieza separada de los contratos de la trama 'Gürtel' con la Generalitat valenciana. Esta actividad delictiva se extendió entre los años 2004 y 2009 a través de un entramado de sociedades de la red corrupta para recibir «numerosas adjudicaciones irregulares» de diversas consejerías y empresas públicas de la Generalitat, entonces presidida por Francisco Camps.

Los principales acusados son los tres cabecillas de la trama 'Gürtel', Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, 'El bigotes', el hombre de la red en la Comunidad Valenciana a través de su empresa estrella Orange Market.

Se les imputa un delito continuado de tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos, por los que reclama a cada uno diez años de prisión. Mientras que para sus subordinados en la red, Isabel Jordán, Cándido Herrero y Mónica Magariños, pide siete años y 11 meses de prisión. Asimismo, a todos ellos les reclama el pago de una multa de 582.500 euros.

Menos elevadas son las peticiones de penas de prisión para algunos cargos públicos o funcionarios de la Generalitat. Se trata de Juan Miguel Bellver (siete años), Antonio San Juan (siete años), Mary Patricia Callaghan (tres años), Joaquín Fernando Tomás (tres años), Vicente Pablo Farnós (cuatro años y siete meses), María del Carmen Díaz (cinco años y seis meses) y Enrique José Bort (cuatro años).

'Pesos pesados'

Para el resto de imputados, Anticorrupción pide varios años de inhabilitación y multa. En este grupo se encuentran 'pesos pesados' como el exdiputado del PP David Serra y la exconsejera y también exdiputada popular Alicia de Miguel, para los que pide nueve años de inhabilitación, asó como otros ocho y siete años, respectivamente, para los exconsejeros de Sanidad Manuel Cervera y Luis Rosado por prevaricación en relación con contrataciones entre la Generalitat y las sociedades de Correa.

La Fiscalía también busca que los acusados sean condenados a indemnizar conjunta y solidariamente a la administración regional, a la que ofrece acciones a sus servicios jurídicos para que reclame.

El fiscal relata que la red, «con la necesaria connivencia de los órganos de contratación gestores de fondos públicos», logró la adjudicación de diferentes concursos o contratos a través de varias técnicas: fraccionamiento de contratos, presentación al concurso de varias empresas del mismo grupo o adjudicación directa sin haber tramitado el proceso de contratación.

En algunas de las adjudicaciones no consta la orden de inicio del procedimiento ni el preceptivo informe de necesidad del servicio, ni se publicó el anuncio de la licitación.