El Parlamento rechaza investigar el fraude en los cursos de formación con los votos de PSOE e IU

El Partido Popular lleva tres meses solicitando un pleno monográfico en el Parlamento sobre el presunto fraude en los cursos de formación, que en la actualidad investigan jueces de cinco provincias. PSOE e IU se han negado a ello y ayer volvieron a hacer piña para rechazar también una comisión de investigación en el Parlamento sobre este nuevo caso de posible corrupción ligada a las ayudas para parados de la Consejería de Empleo. Una propuesta del PP que suma a otras seis también rechazadas por la mayoría de izquierdas de la Cámara.

Pero los populares consiguieron parte de su objetivo: Convirtieron la sesión ayer de este pleno ordinario en uno casi monográfico sobre el complejo caso de las ayudas a la formación profesional, por el que la magistrada del número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya (la misma de los ERE), ha imputado a los exconsejeros Antonio Fernández y Ángel Ojeda, y ha reclamado tal cantidad de documentación a la Junta desde 2002 hasta 2012 que es fácil deducir que está en marcha una nueva macrocausa general sobre la gestión de los socialistas.

El PP atacó con dureza a Susana Díaz, al PSOE y a IU a través de sus dos portavoces, Carlos Rojas y Loles López Gabarro. El primero en el debate con la presidenta en la sesión de control y la segunda en la defensa de la propuesta de la comisión de investigación.

La secretaria general del PP andaluz trató de poner en evidencia que la comisión se frena por la postura de Izquierda Unida, que se ha pasado toda la legislatura «amagando, pero no dando». Se refiere a la posición ambigua de IU, que por un lado defiende una comisión y por otro se resiste a bailar al son del PP.

El PSOE rechazó la legislatura pasada, cuando contaba con mayoría absoluta, una investigación sobre el caso de los ERE. Tras el pacto con IU, esta formación fue consecuente con lo que había defendido estando en la oposición y planteó una investigación, a la que se sumó el PP y también el PSOE, celebrándose en agosto y septiembre de 2012. «La hoz y el martillo se les ha quedado parados», esgrimió López Gabarro desde la tribuna, lamentando el «pacto de silencio» de los socios de gobierno y acusándoles de estar «compinchados contra los andaluces» si no votaban la comisión.

A Izquierda Unida, en realidad, el cuerpo le pide comisión, de ahí que el PP toque la herida. Si se resiste es porque es consciente de que pondría en peligro el pacto de gobierno. El PSOE no perdonaría una deslealtad semejante.

El portavoz de IU, José Antonio Castro, defendió que su formación no descarta una investigación parlamentaria mas adelante, «cuando creamos necesario y sin que el PP nos marque el camino». Acusó al PP de doble vara de medir, ya que «jamás levanta la voz contra la corrupción en sus filas». Sacó pecho sobre llas nuevas medidas de transparencia y control en la Junta de Andalucía, que atribuye a la presión de IU en la coalición de gobierno. «No lo descarten, igual tienen que votar aquí a favor de una comisión de investigación, pero cuando nosotros determinemos», insistió al Partido Popular.

Barro dialéctico

El socialista Francisco Menacho defendió la labor de información del consejero de Educación, Luciano Alonso, quien ha comparecido 83 veces para hablar de los cursos. También recordó al PP que ha tenido seis meses para ver uno a uno todos los expedientes en una sala de la consejería habilitada a tal efecto. La diputada del PP Teresa Ruiz Sillero replicó que la consejería ha puesto muchos inconvenientes y que ahora ya no hay documentación que ver, pues está requisada por la jueza Alaya.

Carlos Rojas repitió la estrategia de llevar al barro dialéctico a la presidenta andaluza, algo a lo que Susana Díaz se resiste también con insistencia: «En el terreno del barro y del fango no me van a encontrar», espetó al portavoz del PP. Pero no fue del todo cierto y «el y tu más» volvió a emanar en un pleno bronco, del que la presidenta salió deprisa pues estaba enferma con fiebre. Rojas insinuó que Susana Díaz exoneró subvenciones siendo consejera de Presidencia (desde mayo de 2012 a agosto de 2013).

El PP dice disponer de información por la que todas las consejerías utilizaron el mismo sistema de otorgar nuevas ayudas sin revisar y constatar las justificaciones de las anteriores. Para ello utilizó una figura legal que el PP entiende que debe ser excepcional, pero que en el caso de las ayudas a los cursos de formación se hizo de forma asidua y permitió, según la jueza Alaya, que en octubre de 2013 hubiera 950 millones de euros de los cursos de formación sin justificar, lo que abonó el fraude. Rojas preguntó a Susana Díaz: «¿Puede asegurar que las exoneraciones no eran algo habitual en todas las consejerías?; ¿Puede asegurar que no firmó como consejera de Presidencia exoneraciones en su ámbito competencial?».

La presidenta contestó indignada advirtiendo al PP de llevarle a los tribunales por falsas acusaciones: «Cuidado, cuidado con acusar a este gobierno de algo ilegal, porque si no lo va a tener que demostrar en los tribunales».

«Las exoneraciones no existen, porque exonerar es perdonar y este gobierno no ha perdonado nunca», corrigió Díaz al portavoz popular. Dijo que la exceptuación es retrasar una justificación, que es lo que asegura hizo la Junta con las ayudas para la formación, pero no el perdón de la justificación.

La secretaria general del PP-A, Loles López Gabarro, anunció que el PP se personará como acusación particular en los procesos judiciales abiertos. El coordinador de IU CA, Antonio Maíllo, reiteró que la Junta también debe personarse.