Divorcios y polémicas en apenas diez meses de vida

El anteproyecto de la ley del aborto ha tenido una vida de diez meses, tiempo suficiente para provocar polémicas, divorcios políticos y situaciones rocambolescas. Hasta el Consejo General del Poder Judicial vio cómo se hacía un requiebro para que el informe apoyado por el sector conservador del gobierno de los jueces saliera adelante. Dos vocales nombrados por el PP, Juan Manuel Fernández -presidente del Tribunal Supremo- y la jurista Nuria Díaz, tuvieron que votar a favor del documento, donde se despenalizaba el aborto eugenésico, en contra de sus creencias. Sus dos votos, más el de calidad del presidente Carlos Lesmes, impidieron que se diera luz verde al texto progresista, que abogaba por la eliminación del anteproyecto. Pero el debate no quedó ahí. Los dos magistrados ofrecieron un voto particular conjunto en contra de lo que habían apoyado.

Fue una muestra de los problemas del anteproyecto que no contentó a nadie. A la Iglesia y a las asociaciones pro vida porque consideraban que se quedaba corto; a muchos miembros del PP porque lo consideraban innecesario y a las asociaciones de mujeres y a la oposición de izquierdas porque era una reforma «retrógrada». Ruiz-Gallardón eliminaba la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 14 semanas y se ancló en la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985 que daba tres supuestos para abortar: violación, malformación del feto y daño psicológico o físico en la mujer. A partir de este punto, el hoy exministro endureció la norma de hace tres décadas.

Duplicar el diagnóstico

Malformaciones solo en el caso de que la vida de la madre corra peligro; el caso de abusos sexuales se tendría únicamente en cuenta en las primeras 12 meses de gestación y si había denuncia; y en la hipótesis del peligro psíquico, su demostración se duplicaba. Si en la legislación de 1985 tenía que ser un médico, con el anteproyecto debían ser dos profesionales sanitarios pertenecientes a otra clínica a la que se iba a realizar la operación. Eso sí, las mujeres tendrán que recibir toda la información para evitar el aborto por escrito.

El texto permitía a todos los profesionales que participasen acogerse a la objeción de conciencia. Además, sacaba la interrupción voluntaria del embarazo del código penal porque consideraba a la mujer como «una víctima». Eso se mantendrá igual. Lo único que el Gobierno va a rescatar es que las mujeres que tengan entre 16 y 18 años deberán contar con el consentimiento de los padres.