Asistentes sociales del Ayuntamiento evaluarán la situación de los menores de la casa okupa de Chiclana

El Ayuntamiento de Chiclana ha decidido enviar a las asistentes sociales a que evalúen la situación de los menores que viven en el inmueble okupado desde hace un mes. Así lo ha informado la Delegación de Servicios Sociales, que, tras conocer la situación en la que viven estas jóvenes familias con menores a su cargo ha decido que dos técnicos de Familia e Infancia acudan al inmueble a visitar a sus actuales moradores. Su finalidad será la de evaluar las condiciones en las que se encuentran los menores, la mayor parte de ellos no mayores de 10 años de edad.

Así, los más de 60 ocupantes están conformados por unidades familiares de padres de entre 18 y 30 años y menores que van desde los meses de edad hasta los 7 u 8 años. De hecho, incluso una de las jóvenes que okupa el inmueble está embarazada, a menos de un mes de dar a luz. Por todo ello, la primera medida planteada por el Ayuntamiento va encaminada a garantizar la seguridad y buen cuidado de los pequeños.

Todo ello, cuando sus padres no cuentan con ningún tipo de recurso económico ya que en la mayoría de los casos no tienen ni prestación por desempleo ni subsidios o ayudas. Es esta desesperada situación la que les empujó a okupar el inmueble hace aproximadamente un mes.

Ayer, José Macías uno de los jóvenes con una hija de un año, relataba que las condiciones de los pequeños «son buenas». «Esto es lo más parecido a una casa que hemos tenido», explicaba el joven de 20 años, en paro y sin ningún tipo de subsidio. Además, explicó que entre las 20 familias se ayudan entre ellos «casi como una gran familia», de forma que no dudan en compartir los recursos entre ellos. Igualmente. resaltó que poseen luz, gracias al enganche realizado a la luz de obra con la que contaba el inmueble, pendiente de rematar desde hace años y hoy embargado por una entidad bancaria.

«Lo único que nos hace falta es el agua», reconoce Macías, mientras explica que en la actualidad se apañan con garrafas y bidones de agua. Por ello, hizo un llamamiento al Consistorio para que estudie la posibilidad de dotar de agua al inmueble, pese a la situación ilegal de sus actuales moradores.

En este sentido, de momento se desconoce si la actual propietaria del edificio, una entidad bancaria, tomará medidas judiciales contra los okupas que pudieran derivar en un desalojo. Mientras lo hace o no, Macías realizó ayer un llamamiento a la entidad –de la que desconoce su nombre– para que estudie la posiblidad de que les deje habitar el inmueble con un alquier social. «Estamos dispuestos a pagar», reconoce el joven mientras explica que piensan aguantar todo lo posible en el 100 de la carretera de Medina. Es lo que tiene la desesperación: «Estábamos hartos de no tener nada».