Urge una ley de partidos

El PSOE se percató hace tiempo de que acertaban los socialdemócratas franceses e italianos al introducir las primarias abiertas para la elección de sus candidatos a cargos institucionales, y de primarias cerradas para la provisión de cargos internos. El divorcio entre las organizaciones políticas y los electores había sido tan notorio que sólo podría restablecerse la comunicación mediante un intenso ejercicio de transparencia, sinceridad y participación. Lamentablemente, el PSOE no ha culminado aún la renovación puesto que las primarias autonómicas madrileñas no serán abiertas, pero el camino emprendido no tiene alternativa.

Otras organizaciones políticas, como IU, UPyD, etc., están siguiendo esta pauta con esfuerzo, toda vez que hay resistencias internas a estas medidas de regeneración democrática que relegan los criterios basados en el escalafón y pueden truncar carreras políticas consolidadas en beneficio de advenedizos. Otros partidos, como el PP, empiezan a hacer movimientos en su interior, auspiciados por adelantados que ven ya con claridad que no hay otro modo de tender puentes con una ciudadanía que se aleja de las formas de representación tradicionales.

Con todo, para que el cuerpo social volviera a creer en las virtualidades del sistema, lo ideal sería que las principales formaciones decidieran establecer unas nuevas reglas de juego sobre el funcionamiento de los partidos. El sociólogo José Antonio Gómez Yáñez recordaba en febrero de 2013, que «en Estados Unidos y en 1902, en Wisconsin, inventaron las elecciones primarias abiertas a los ciudadanos para elegir los candidatos a todo y romper los aparatos y sus corruptelas. La idea es que la democracia es el mejor desinfectante, y que los partidos son entidades muy importantes cuya actividad debe regularse por ley».

En efecto, aquí hemos mantenido un sistema de listas cerradas que se ha prestado a la corrupción, ha impedido la circulación de elites, ha aislado las organizaciones del sentir mayoritario de la sociedad y ha terminado provocando una putrefacción corrupta que ha expulsado a los ciudadanos de la proximidad de tales formaciones. Las iniciativas voluntaristas no son suficientes para invertir las grandes tendencias.

La hipotética ley de partidos debería incluir, en fin, además de la regulación de las primaras para la designación de cargos internos y externos, la limitación de mandatos, los controles para garantizar una recta financiación, un estricto régimen de incompatibilidades, la pérdida del cargo al producirse una imputación judicial. Todo aquello que demostrase, en fin, una nueva disposición decente en la clase política.