Pujol copia a la infanta y Bárcenas para torpedear la investigación de su fortuna

Jordi Pujol, Marta Ferrusola y sus abogados ya han tomado la decisión de dar batalla, y con artillería pesada. No va a haber colaboración con el Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona, que ha resuelto investigar el origen real de la fortuna que el matrimonio y sus hijos han tenido -o quizás todavía tienen- en el extranjero.

Los letrados del expresidente, en esa línea de tratar de torpedear procesalmente cualquier movimiento de la juez Zita Hernández, se han decantado, a la vista de los últimos escritos presentados, por la estrategia que ha utilizado la mayoría de los personajes públicos acusados de delitos fiscales: denunciar que son víctimas de una «inquisitio generalis» solo por ser conocidos. O lo que es lo mismo, que los jueces, fiscales y acusaciones pretenden una instrucción «prospectiva», sin que haya indicios criminales previos, con la intención de buscar como sea un delito para acusarles.

El padre del nacionalismo catalán moderno se ha puesto en manos del reputado penalista catalán Cristóbal Martell, quien, además de defender a su hijo Jordi Pujol Ferrusola en la Audiencia Nacional, es el letrado, entre otros, de Leo Messi; Marco Tejeiro, el contable de Nóos; el extesorero del PP Álvaro Lapuerta; el empresario Javier de la Rosa; o el expresidente del Barcelona, Josep Lluís Núñez.

Martell se ha fijado como primer objetivo frenar las comisiones rogatorias que Hernández ya ha cursado a Andorra y Suiza para saber todo lo que allí ha movido la familia Pujol. Es la estrategia que en los últimos años han hecho buena los defensores de Cristina de Borbón, Luis Bárcenas, Isabel Pantoja o el exministro José Blanco, entre otros.

Miquel Roca, desde que en 2013 se citara a la infanta por primera vez en el 'caso Nóos', presentó un rosario de recursos denunciando que pedir a Hacienda los datos de la imputada era violar su intimidad en una «investigación prospectiva» por parte del juez José Castro, una vez que no encontró nada para vincularla al instituto Nóos. El mismo argumento defensivo usó el fiscal Pedro Horrach en sus duros escritos contra el instructor, al que llegó acusar de prevaricar por esa instrucción 'a la carta'.

El letrado de Isabel Pantoja, José Ángel Galán, llegó a comparar a la cantante con la infanta porque también ella, como la hermana del Rey, era víctima de una «morbosa» investigación prospectiva -buscar hasta encontrar algo- que nada tenía que ver con las pruebas del 'caso Malaya'. También los defensores de Bárcenas y del socialista Blanco cargaron las tintas con el argumento de la caza de brujas.

Con esas premisas, la defensa de Pujol en sus primeros escritos está siendo bastante agresiva. Habla de «injerencia» en los «derechos fundamentales» de la familia, sobre todo su derecho a la intimidad, por abrir una investigación sin que haya «un hecho delimitado revestido de delito». Para los Pujol, el hecho de confesar, como hizo el jefe de la familia el pasado 25 de julio, cuando admitió que había tenido durante 34 años una fortuna en el extranjero y que su esposa e hijos habían regularizado sus fondos hacía unos días, no es motivo suficiente para abrir diligencias.

El «reverso»

Martell considera la actitud de la esposa y los hijos de Pujol al regularizar y confesar es «justamente» el «reverso» de un delito fiscal. Es más, recuerda que en España en los últimos años ha habido tres amnistías fiscales que supusieron «ingentes ingresos para el erario público» sin que los poderes del Estado abrieran «investigaciones generales» contra esas personas que legalizaron su dinero. En esa línea, el expresidente se queja de la «injusticia» de que en su caso se esté «equiparando un fondo no declarado con un fondo proveniente del delito».

En esa supuesta caza de brujas, Pujol insiste en que contra él no hay nada delictivo que investigar, más allá de una «imprecisa amalgama heteróclita y atemporal» de acusaciones que ligan su fortuna a sus años al frente de la Generalitat.

Como se suele decir que la mejor defensa es el ataque, el expresidente catalán acusa a la juez de embarcarse en una «búsqueda ciega y azarosa» de indicios que le impliquen en algo ilícito. «Un método de investigación que dista de los parámetros de garantía del Estado de Derecho», apunta. «Se trata de hacer pasar por hechos -denuncia Pujol- lo que son simples calificaciones». Es más, afirma que en el juzgado de Barcelona se investiga «un inexistente delito de enriquecimiento no justificado» que no existe en el Código Penal.

Esta causa se ha «principiado» (sic) -apostilla uno de los recursos de Jordi Pujol- a partir de «una sospecha huérfana de lógica» y la máxima de que «algún delito habrá cometido» el investigado. El expresidente concluye que indagar sobre su fortuna y la de los suyos en el extranjero es una «perversión del modelo de investigación criminal constitucional».