Agricultura controlará las denominaciones de origen de ámbito suprautonómico

El Consejo de Ministros aprobó ayer el Proyecto de Ley de Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) cuyo ámbito territorial se extiende a más de una comunidad autónoma. La principal novedad es que el control oficial de la calidad de los productos y de que reúnen las condiciones para estar bajo esa denominación de origen suprautonómica corresponderá al Ministerio de Agricultura, a través de la Agencia de Información y Control Alimentarios, aunque podrá delegar tareas específicas de control en organismos de certificación del producto.

Con ello, el Ejecutivo aplica las recomendaciones de la Comisión Europea que reclamaba cambios regulatorios para aumentar las garantías del consumidor. El objetivo, según el Gobierno, es ofrecer un marco jurídico único, moderno y compatible con la legislación comunitaria. «Los reglamentos comunitarios establecen de manera explícita que corresponderá a las autoridades competentes de los estados miembros la aplicación de todos los elementos relacionados con el control oficial, en particular lo relativo a la protección y a la verificación del cumplimiento del pliego de condiciones, antes de la comercialización de las DOP e IGP», recuerda el Gobierno.

Todas las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas suprautonómicas, independientemente del tipo de producto que regulen, tendrán el mismo régimen jurídico y los mismos criterios para su reconocimiento, protección, control y regulación de su gestión. El nuevo sistema regula desde la producción a la comercialización, presentación, publicidad, etiquetado, así como su utilización como nombres de dominio en internet.

A los consejos reguladores se les dota de una personalidad jurídica propia y de un sistema de funcionamiento basado, fundamentalmente, en el derecho privado. Aunque el funcionamiento general de los consejos reguladores se basará en el derecho privado, la norma también crea las corporaciones de derecho público para los que quieran acceder a esta fórmula. En concreto, el proyecto crea nueve corporaciones de derecho público para los consejos reguladores de Cava, Rioja, Jumilla, Idiazábal, Jamón de Huelva, Guijuelo, Carne de Ávila, Espárrago de Navarra y Calasparra (arroz).

El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja, Luis Alberto Lecea, destacó que este proyecto de ley permite mantener el modelo de Rioja, ya que reconoce a los veedores (inspectores) del Consejo Regulador la presunción de veracidad y certeza y, cuando levanten acta, esta tendrá la consideración de solicitud de iniciación de un procedimiento sancionador.

La secretaria de Agricultura del PSOE la Rioja, Concepción Andreu, respaldó el reconocimiento de los veedores, pero mostró su preocupación porque «la resolución de los expedientes recaiga en un organismo externo como es la Agencia de Información y Control de Alimentos».

En España existen 323 DOP e IGP registradas, de las cuales doce son de ámbito suprautonómico: cuatro de vino (DOP Cava, DOP Rioja, DOP Jumilla e IGP Ribera del Queiles), dos de jamón (DOP Guijuelo y DOP Jamón de Huelva), dos de queso (DOP Idiazábal e IGP Queso de los Beyos), dos de carne (IGP Carne de Ávila e IGP Cordero Segureño), una de arroz (DOP Calasparra) y una de hortalizas (IGP Espárrago de Navarra). El valor económico de las mismas alcanza en vino 1.579 millones de euros, el 60% del total de los vinos con DOP, y en productos no vínicos 113,6 millones, el 10,7% del total.