Una ley de vida muy corta

El Parlamento catalán aprobará hoy la ley de consultas, la norma que Artur Mas quiere usar como base legal para convocar y celebrar el referéndum. La ley, en cualquier caso, se espera que tenga un recorrido muy corto, porque el Gobierno la impugnará en cuanto entre en vigor.

¿Qué es la ley de consultas?

La ley establece el régimen jurídico de las consultas no refrendarias y otras formas de participación ciudadana. Desarrolla el artículo 122 del Estatut, que prevé la competencia exclusiva de la Generalitat en materia de consultas populares en el ámbito de su competencia. No delimita las temáticas sobre las que se puede consultar, solo excluye las que limitan o restringen derechos y libertades fundamentales previstos en la Constitución y el Estatut.

¿Quién podrá convocarlas?

Las consultas podrán ser de ámbito autonómico o local, y las pueden promover el presidente de la Generalitat, el Parlamento, los municipios, los consejos comarcales y las diputaciones, o una iniciativa ciudadana.

¿Son vinculantes?

No. La Generalitat no tiene que pedir permiso al Gobierno central para convocar una consulta. Ésta se realizará en un plazo de entre treinta y sesenta días naturales a partir del día siguiente de la publicación del decreto de convocatoria.

¿Quién podrá votar?

Los mayores de 16 años, los ciudadanos de países de la UE que acrediten un año de residencia en Cataluña y los de otros países con tres años de residencia legal.

¿Hay censo electoral?

Ante la previsión de que el Gobierno no ceda el censo electoral, se ha creado el registro de participación en consultas populares no refrendarias formado por los datos del registro de población de Cataluña, que se nutre del padrón municipal, y por el registro de catalanes en el exterior. Los legisladores no han encontrado la manera de conseguir el voto a los catalanes que viven en el resto de España, que se quedan fuera del censo.

¿Qué partidos apoyan la ley?

La norma saldrá adelante con los votos de CiU, Esquerra, PSC, Iniciativa y CUP, que suman el 80% de los diputados del Parlamento catalán. Solo se oponen el PP y Ciutadans. Todos los partidos que apoyan la ley, menos los socialistas, creen que la norma sirve de base legal para celebrar el referéndum sobre la independencia. El PSC, en cambio, considera que consultar a la ciudadanía sobre la secesión escapa a las competencias de la Generalitat. El PSC respalda la ley como mecanismo de participación ciudadana.

¿Qué dijo el Consejo de garantías estatutarias?

Por cinco votos a favor y cuatro en contra, el Consejo de Garantías Estatutarias, el órgano dependiente de la Generalitat catalana que vela por que las leyes aprobadas en el Parlamento de Cataluña se ajusten a la Constitución y al Estatuto autonómico, avaló todo el texto normativo. Dieron su visto bueno los miembros del consejo elegidos a propuesta de CiU y Esquerra, mientras que los que fueron nombrados por PSC, ICV y PP vieron elementos de inconstitucionalidad en este texto. El organismo concluyó que obtener la opinión de la ciudadanía «no colisiona» ni es incompatible con la Carta Magna. Los cuatro votos que no avalaron la ley de consultas coincidieron en que algunos de los artículos chocan con la Constitución porque se quiere hacer pasar por una consulta popular lo que en realidad es un referéndum. Uno de los consejeros señaló que la doble pregunta fijada para la consulta, «por más que se afirme que no tiene trascendencia jurídica, plantea cuestiones [la independencia] que rebasan las competencias de la Generalitat».