La Fiscalía reclama el «inmediato» ingreso en prisión de Carlos Fabra

La Fiscalía Anticorrupción presentó ayer un recurso ante la Audiencia de Castellón en el que reclamó el «inmediato» ingreso en prisión de Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial. La apelación se presentó después de que la Sección Primera de dicho órgano judicial acordara suspender la ejecución de la condena a cuatro años de cárcel por cuatro delitos fiscales mientras se tramita en el Consejo de Ministros su petición de indulto.

Anticorrupción argumentó que la medida acordada por el tribunal está pensada solo para aquellos casos en los que la brevedad de la condena, unida a la tramitación del expediente del indulto, pueda frustrar la tramitación de éste y su concesión. Algo que no ocurre con Fabra, señaló la Fiscalía, para la que la gravedad de los hechos enjuiciados y la alarma social que ha provocado la suspensión de la ejecución de la condena es evidente.

El fiscal explicó que la Audiencia concedió esta suspensión atendiendo a las razones de la defensa de Fabra, que hacen referencia a las dilaciones indebidas y a la voluntad de pago expresada por el expresidente (fue condenado a una multa de 1,4 millones), así como a su carencia de antecedentes penales.

Pero el Ministerio Público contestó que el derecho a ser juzgado en un proceso sin dilaciones «ya ha sido apreciado en una considerable disminución de la pena impuesta», por lo que este motivo «no puede ser tenido de nuevo en cuenta».

También hizo referencia al artículo del Código Penal que regula la suspensión temporal de la pena mientras se resuelve el indulto. Este precepto, dijo el fiscal, es una fórmula pensada para casos con penas breves -inferiores a tres años- y mencionó asimismo la doctrina del Constitucional que considera la medida acordada para Fabra es «provisional, excepcional y de aplicación restrictiva, pues de lo contrario se correría el riesgo de instrumentar la institución del indulto como un intento fraudulento y sistemático a utilizar por todos los delincuentes condenados para eludir o rechazar el cumplimiento de la condena».