El PP tira de mayoría para sacar adelante su reforma fiscal
Apenas logra el respaldo de los minoritarios Foro y UPN, con el rechazo generalizado de la oposición junto a la abstención de CiU y PNV
MADRID.Actualizado:Trámite pasado, aunque gracias a la cómoda mayoría absoluta que el PP disfruta en el Parlamento. El Gobierno logró ayer que su controvertida reforma fiscal avanzara un paso más en el Congreso de los Diputados, tras ser rechazadas las 12 enmiendas a la totalidad que pedían su devolución presentadas básicamente por los partidos de la oposición de izquierdas. Los nacionalistas catalanes (CiU) y vascos (PNV) prefirieron abstenerse.
Eso sí, aunque parezca una contradicción, la imagen de soledad de los populares en la defensa de este proyecto fue casi absoluta. Sólo los partidos minoritarios de UPN y Foro respaldaron, aunque sin entusiasmo, el macroproyecto presentado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que tiene en él su principal legado de la legislatura.
Fue por ello que volvió a tirar de números para hacer ver que la reforma, criticada porque en el impuesto de la renta penalizaría a las rentas medias y no terminaría de resolver el rompecabezas de deducciones en la tributación de sociedades, supondrá claramente más dinero en el bolsillo de los contribuyentes. En total, según dijo, tendrá un impacto de 9.000 millones de euros para las arcas públicas entre 2015 y 2016 a razón de 5.900 millones retornados a través del IRPF y otros 3.3100 millones vía impuesto de sociedades.
No convencieron sus cálculos, sin embargo, a la oposición. El PSOE fue el más crítico en este sentido. «Son básicamente dos grandes regalos fiscales», censuró su portavoz de Hacienda, Pedro Saura, quien consideró que los principales beneficiados con esas devoluciones serán las rentas altas y las grandes corporaciones. «Su reforma -acusó al ministro- es irresponsable porque pone en riesgo algo muy importante y preciado como la cohesión social».
Pero Montoro dijo no sorprenderse con su reproche político porque los socialistas ya rechazaron «la primera reforma que se hizo en España para bajar los impuestos», a finales de los 90 con él también como ministro y José María Aznar como presidente. «Tengo en mi memoria grabada esa fotografía», espetó para a continuación insistir en que el nuevo sistema «repartirá equitativamente las cargas fiscales».
Intereses electorales
No piensan lo mismo la práctica totalidad de los grupos de la oposición. En el caso de UPyD, la Izquierda Plural y Socialista, el Grupo Mixto (con ERC a la cabeza) y el propio PSOE, su malestar se tradujo en sendas vetos (cuatro por proyecto: IRPF, sociedades e IVA y impuestos especiales) que fueron rechazados de plano. Para Alberto Garzón, de IU-ICV, la reforma es «un ataque a la línea de flotación» del Estado Social, mientras que Alvaro Planchuelo, de UPyD, reprochó al Ejecutivo que haya dejado sus cambios fiscales para el final de la legislatura y busque con ello «un claro interés electoral».
El titular de Hacienda, empero, rechazó este argumento y justificó el retraso en poner en marcha un proyecto que ya incluía el PP en su programa electoral en que antes «era necesario contar con el esfuerzo de todos para salir de la crisis». «Ahora es el momento adecuado para hacerlo -continuó- porque bajando impuestos se fortalecerá la actividad y el crecimiento económico».
Según la hoja de ruta gubernamental, con esta reforma fiscal «mejorarán los salarios» y «un mayor sueldo -añadió Montoro- incentivará el consumo». Un círculo casi virtuoso que, según dibujó, también contribuirá a mejorar la competitividad con estímulos al ahorro y la reducción de deuda, hasta el punto incluso de sostener que esos cambios marcarán un «antes y un después» y harán que no haya vuelta a atrás en la recuperación.
Al mismo tiempo, concluyó el ministro, se garantizará que el nivel de ingresos del Estado no baje del 38% equivalente del PIB, lo que -según él- «garantizará los niveles de protección social sin merma del estado del bienestar». Los tres proyectos de ley en que se divide la reforma entrarán ahora en la Comisión de Hacienda del Congreso para el debate de enmiendas parciales. Fuentes del Gobierno no descartan en esa fase «algunos cambios puntuales».