La modificación de la LOUA afectará a parte de las 15.000 viviendas irregulares

El limbo de Chiclana contará con otra nueva vía de escape a su situación. Esa que tiene atrapada a la mitad del término municipal, a la friolera de 15.000 viviendas, en un conflicto urbanístico que, en la actualidad, se mantiene enquistado a la espera de soluciones. Caminos que supuestamente llegarán con el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el Avance de Asentamientos en Suelos No Urbanizables (en virtud del Decreto 2/2012 de la Junta) y ahora con el inesperado anuncio de la presidenta de la Junta de Andalucía. Susana Díaz ha anunciado en el Parlamento la intención de modificar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Concretamente, será el artículo 185, ese que trae de cabeza a las viviendas irregulares de Chiclana, el que se pretende modificar para regularizar las viviendas ubicadas en suelos no urbanizables. Una situación en la que, en virtud de las presentes Normas Sustantivas, se encuentran 15.000 casas de la localidad. Sin embargo, más difícil de determinar es cuántas podrán beneficiarse.

En principio, lo que parece claro es que serán todas aquellas que no se vean beneficiadas por el PGOU al pasar a ser suelos urbanos o por estar dentro del Decreto 2/2012. En la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y de Ordenación del Territorio sí se mostraron claros con que esta medida no supondrá una barra libre para las viviendas irregulares: «En ningún caso, se puede hablar de amnistía ni legalización, sólo se trata de regularizar una situación», reconocen desde la Delegación. Así , aclaran que afectará a «las viviendas ilegales construidas en suelos no urbanizables para las que hayan prescrito las acciones disciplinarias y estén ubicadas en parcelaciones que no constituyan asentamientos urbanísticos». Igualmente remarcaron que «la regularización de los asentamientos urbanísticos corresponde a los Planes Generales mediante su clasificación como suelo urbano o urbanizable». Se mostraron igualmente cautos para remarcar que habrá que esperar al desarrollo de la modificación para estudiar hasta qué punto beneficia a la localidad. «La modificación de la LOUA no pretende suprimir el régimen disciplinario de las parcelaciones urbanísticas, ya que se trata de una medida disuasoria esencial en la disciplina urbanística, sino que afectaría exclusivamente a las edificaciones ya prescritas ubicadas en dichas parcelaciones», puntualizaron.

Lo que sí se sabe es que como requisito para beneficiarse será necesario «tener más de seis años de antigüedad, no ubicarse en suelos protegidos o con riesgos naturales y no tener abierto ningún proceso judicial o alguna sanción administrativa». Si se cumplen todos, estas casas podrán tener la consideración de edificaciones asimiladas al régimen de fuera de ordenación (AFO) y con ello poder contar con los servicios básicos de luz, agua y saneamiento, así como acceso al registro de la propiedad, aunque no tendrán licencia de primera ocupación.

Aunque sin atreverse a cifrar el impacto en Chiclana, ayer, equipo de Gobierno y oposición se lanzaron a valorar la medida. La concejala socialista Cándida Verdier alabó el anuncio. «Con esta modificación de la Ley del Suelo se consigue un objetivo, que no es otro que dar tranquilidad a tantos vecinos de las viviendas que se encuentran en el suelo no urbanizable y que tienen la amenaza de posibles derribos». Igualmente, puso sobre la mesa otro debate. «El PGOU en vías de aprobación establece declarar como urbanos una amplia extensión del territorio lo que crearía una ciudad muy grande. Esta nueva medida supone un instrumento más de regularización sin la necesidad de crear una ciudad tan grande e insostenible», aclaró Verdier.

Por su parte, la delegada de Urbanismo en el Ayuntamiento, Marisol Ayala, pidió a Díaz que «deje de parchear la LOUA». Así, solicitó que, en lugar del artículo 185, «se modifique el 175 de la ley urbanística andaluza, para que miles de familias de Andalucía puedan tener acceso a los servicios básicos, de manera inmediata». En esta línea, Ayala ha señalado que «en un juego meramente electoralista, la Junta de Andalucía parece haberse olvidado de que la aplicación del Decreto 2/2012 no ha servido más que para regularizar unas 500 viviendas en una comunidad autónoma en la que existen más de 300.000».