Alaya imputa al exconsejero andaluz Ángel Ojeda por los falsos cursos

La juez que instruye el 'caso de los ERE' fraudulentos de Andalucía ha dado un paso más en la causa sobre el fraude de las ayudas públicas a la formación imputando al exconsejero andaluz Ángel Ojeda, al que acusa de sendos delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación. De esta manera, la juez Mercedes Alaya asume las investigaciones sobre esta trama, que durante un tiempo llevaron de forma paralela su juzgado y uno de Cádiz, que fue el que ordenó la detención de Ojeda el pasado mes de agosto.

En el auto, al que ha tenido acceso este periódico, confirma que la imputación del exconsejero, realizada en un auto dictado el pasado 11 de septiembre, se basa en un informe elaborado en los últimos meses por la Guardia Civil, en el que se esbozan las irregularidades en la concesión de hasta 33 millones a las empresas del que fuera consejero andaluz de Hacienda a principios de los 90. Unas ayudas otorgadas entre 2009 y 2010 bajo el concepto de subvenciones excepcionales a la formación y en cuya concesión habría pesado, según el informe policial, la «influencia» y los contactos de Ojeda por su antiguo cargo.

La mayoría de esas ayudas bajo sospecha se engloban en los planes de formación para el millar de extrabajadores de la multinacional de automoción Delphi, con los que la Junta de Andalucía suscribió un compromiso de recolocación cuando la empresa abandonó en 2007 las instalaciones situadas en Cádiz debido a las dificultades de inserción laboral en la zona. Parte del compromiso fue ofrecer cursos de formación mientras otra gran empresa se instalaba en la comarca, que los prejubilados denunciaron en multitud de ocasiones por su inutilidad.

Irregularidades

La juez Alaya inició en septiembre de 2013 una nueva investigación sobre las ayudas a la formación después de detectar irregularidades en varios cursos de UGT impartidos por empresas del exconseguidor de los ERE Juan Lanzas, unas diligencias que se ampliaron al asumir también poco después asumió la investigación de las subvenciones concedidas a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

Esas pesquisas la llevaron a imputar el pasado mes de julio al exconsejero de Empleo Antonio Fernández -implicado también en la trama de los ERE- por conceder hasta 52 millones en ayudas a un plan de formación para este colectivo de trabajadores sin convocatoria ni base reguladora, permitiendo además la «subcontratación de actividades formativas». Ya entonces, Alaya apuntó que muchas de las actividades formativas para trabajadores de Delphi fueron realizadas por empresas de Ojeda, una tesis que ahora reitera el informe policial que apuntala la imputación de éste. Y apunta que aunque las ayudas se dieron con el objetivo de contratar a los extrabajadores se detecta una «relación laboral simulada», propiciando a su vez un perjuicio a la Seguridad Social constatado en un informe de la Inspección de Trabajo.

En este sentido, Alaya detalla en su auto que las entidades de Ojeda gastaron hasta 17,9 millones de euros en pago de salarios y seguros sociales, mientras que el resto se dedicó a la subcontratación de actividades formativas con otras empresas del mismo entramado societario del exconsejero jerezano. Una fórmula encaminada según la juez a redistribuir el dinero obtenido «ilegalmente» y ocultar así «el verdadero destinatario de los fondos».

Tras la imputación de Ojeda en esta rama del fraude con los fondos públicos provenientes de la Consejería de Empleo, para cuya declaración aún no se ha fijado fecha, Alaya está pendiente ahora de recibir las diligencias seguidas en el juzgado de Cádiz que ordenó la detención del exalto cargo, su hijo y otras siete personas en el marco de la denominada operación Oscar, y que eleva a 50 millones las ayudas irregulares recibidas por el exalto cargo del Ejecutivo andaluz. La Fiscalía provincial ya mostró su intención de solicitar al juez instructor que se inhibiera a favor de Alaya, aunque en otras provincias andaluzas se instruyen casos similares a raíz de la petición de la Fiscalía Anticorrupción de investigar el mal uso de los fondos destinados a ayudas a la formación.