Hacienda comunica a Alaya que pagará a Guerrero 26.565,10 euros sin reincorporarlo

La Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía ha comunicado a la jueza Mercedes Alaya su disposición a abonar 26.565,10 euros al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, uno de los principales implicados en el fraude de los ERE, para cumplir la sentencia en la que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que obligaba a la Administración autonómica a readmitirlo, asignándole una vacante y abonándole la retribución económica «que le corresponde desde que debió incorporarse al puesto de trabajo que había que adjudicarle».

La directora general de Recursos Humanos y Función Pública, Isabel Mayo López, indica en su escrito que «han de abonarse» a Guerrero, «aún cuando continúe en situación administrativa de suspensión provisional de funciones, en concepto de retribuciones básicas, sueldo y trienios, de acuerdo con lo previsto en el artículo 98.3 de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, 778,25 euros mensuales íntegros y, además, los atrasos devengados desde la fecha en que fue declarado en suspensión, que a 31 de julio de 2014 ascenderían a 26.565,10 euros íntegros». De esta cifra se deducirán las cotizaciones a la Seguridad Social y retenciones del IRPF.

La jueza Mercedes Alaya podría embargar esta cantidad, al haberle impuesto a Guerrero una fianza de responsabilidad civil de 686 millones de euros por la que ya le embargó varias propiedades.

De hecho, el escrito de Recursos Humanos se produce a instancias de la jueza, que preguntó a la Administración si Guerrero percibía algún ingreso por su puesto, que es de auxiliar administrativo.

El exdirector general de Trabajo solició su reingreso, a lo que se negó la dirección General de función Pública, y recurrió ante el TSJA, que le dio parcialmente la razón.

En su sentencia, el TSJA consideraba «plenamente justificado» que, «siendo la Administración perjudicada la Junta de Andalucía, la misma a la que quiere reincorporarse el recurrente, se impida la efectiva prestación de funciones por la persona a la que se imputa delitos de la importancia de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias», por lo que confirmó la parte relativa a la suspensión de funciones de Guerrero.

El exdirector general ha recurrido la sentencia y pide una mayor compensación.