El camino hacia la reforma constitucional

Aestas alturas, gran parte de la opinión pública que se opone a la independencia de Cataluña y, consiguientemente, al ejercicio de un inexistente derecho de autodeterminación que no es reconocido internacionalmente más que en situaciones coloniales y predemocráticas, está convencida de que la única salida a la situación actual -y a la frustración que provendrá de la no celebración del referéndum, prometido a la ligera por quienes no podían convocarlo- es la reforma constitucional. Es difícil no suscribir la posición del líder del PSOE Pedro Sánchez, comunicada a Artur Mas en su reciente entrevista y recogida este pasado domingo en un artículo del secretario general de los socialistas, «Tenemos un problema», en la prensa catalana, y en el que propone negociar una reforma constitucional. Significativamente, Sánchez no habla de federalismo -»no queremos predeterminar el contenido ni le alcance de la reforma, porque dificultaríamos, de entrada, su resultado-, lo que deja libertad para cualquier planteamiento.

La solución propuesta por el socialismo, que probablemente sea la mejor a largo plazo (así lo reconocen analistas de todos los pelajes), tiene sin embargo dos problemas evidentes: la reforma constitucional necesita la predisposición favorable -al menos- del Partido Popular, y no puede realizarse en un plazo corto: requiere un proceso de reflexión, otro de maduración y, finalmente, la concreción constituyente.

La voluntad del PP caería por su propio peso si el nacionalismo moderado catalán y el PSC -en nombre del PSOE- solicitaran la reforma con un argumentario razonable. Rajoy no quiere saltos en el vacío ni abrir un melón con el que no se sepa bien qué hacer, pero ante una propuesta sensata, no podría negarse. Naturalmente, este escenario vendría facilitado si CiU, duramente golpeada por el 'caso Pujol' y desairada por la no celebración del referéndum, buscara y obtuviera tras el 9-N el apoyo del PSC para conseguir al mismo tiempo la gobernabilidad en Cataluña.

El otro problema es políticamente menos relevante pero más intenso: para renunciar a la consulta, la sociedad catalana necesitaría algunas contrapartidas tangibles, sobre todo en aquellas reivindicaciones más sensibles y al mismo tiempo razonables y atendibles. De ahí que la negociación pudiera llevarse a cabo en dos etapas: una primera, de acuerdo sobre algunas actuaciones concretas que serían implementadas en unos meses; y otra segunda, que sería la reforma constitucional propiamente dicha.

El acuerdo en la primera fase podría centrarse en los tres grandes asuntos que están en el fondo de la reivindicación: reconocimiento político de los derechos históricos, blindaje de las competencias educativas y lingüísticas, y mejora de la financiación autonómica. El primer asunto, que podría plasmarse -como ha sugerido Miguel Herrero Rodríguez de Miñón- en una disposición adicional a la Constitución, debería ser acordado por los dos grandes partidos y los que quisieran adherirse, con el compromiso de que tal disposición será introducida literalmente cuando se lleve a cabo la reforma constitucional. La segunda cuestión -el blindaje competencial- debería resolverse mediante la aplicación del artículo 150.2 CE, a través de una ley orgánica; con posterioridad, la exclusividad de tales competencias en los territorios con identidad lingüística diferenciada sería también incluida en la Carta Magna. Finalmente, la reforma de la financiación se introduciría mediante acuerdo del consejo de Política Fiscal y Financiera, sin perjuicio de que la nueva Constitución introdujera un modelo nuevo, de corte más o menos federal.

Este puede ser el camino para resolver el contencioso. Podrán variar los ingredientes pero es la negociación sobre estas cuestiones la que pacificará el conflicto y restaurará unas relaciones hoy por hoy muy deterioradas.