Alaya implica a otros dos exconsejeros en el 'caso de los ERE'

Un mes después de que los señalara ante el Tribunal Supremo por su supuesta participación en la causa, la juez instructora del 'caso ERE' ha comunicado formalmente a los exconsejeros andaluces de Presidencia Gaspar Zarrías, también exsecretario de política autonómica del PSOE, y Mar Moreno su implicación en las diligencias. En el auto, la magistrada Mercedes Alaya afirma tener indicios «de cierta consistencia» por presuntos delitos de malversación y prevaricación, los mismos supuestos que presenta contra el resto de aforados.

El pasado mes de agosto la instructora elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo para que se pronuncie sobre la posibilidad de abrir una causa separada contra los aforados con la denominada trama política, es decir, la implantación por parte de la cúpula del Ejecutivo de un sistema inadecuado para conceder ayudas sociolaborales al margen de controles y con total arbitrariedad. La juez entiende que el alto tribunal «puede tardar algún tiempo en resolver lo procedente sobre su competencia», por lo que considera «procedente» comunicar a los dos dirigentes la existencia de la presente investigación y el contenido de la citada exposición.

En este sentido, y al igual que hizo en su momento con los otros aforados, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, Alaya realiza una suerte de 'pre-imputación' y la justifica en la posibilidad de que «pudieran resultar inculpados en el futuro» por el Supremo, por lo que además de remitirles la exposición razonada con los indicios en su contra les invita a que puedan personarse en la misma con «condición de parte» y no se vean vulnerados sus derechos de defensa. A Zarrías, que es actualmente diputado en las Cortes, le señala por ser «probable» que participara en la implantación de las transferencias de financiación, por conocer y autorizar el pago de sobrecomisiones y por impulsar las ayudas que tramitaba el exconseguidor Juan Lanzas. A Moreno, diputada autonómica, la señala por «conocer y consentir la continuidad del sistema ilegal de subvenciones», según consta en la exposición razonada.

Hallar a los culpables

La presidenta andaluza y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, pidió esperar a que el Supremo se pronuncie acerca de estas imputaciones, y recordó que lo esencial es «determinar quiénes fueron los culpables» para que «lo paguen y se pueda recuperar hasta el último euro». En una entrevista en televisión, Díaz defendió la «honestidad y honradez» de los expresidentes Griñán y Chaves, y reconoció que «es evidente que fallaron los controles» ya que «si no, no se puede producir ese expolio de recursos públicos». Sí matizó que su Ejecutivo ya ha puesto en marcha mecanismos de control.

La juez también ha ampliado la imputación a una veintena de personas, con lo que el número de implicados en la causa asciende a 227, uno de los más elevados en un proceso judicial en España.