Cinco causas y ¿un destino?

El futuro procesal del clan Pujol es tan incierto como el destino y la envergadura real de su fortuna en paraísos fiscales. La confesión del expresidente de que durante 34 años su familia ha mantenido millones ocultos en el extranjero ha provocado un guirigay jurídico de dimensiones imprevisibles, sobre todo por la cascada de querellas y denuncias en diferentes juzgados, por los distintos denunciantes, por los hechos que no siempre son los mismos y contra personas que a veces son coincidentes, pero otras no.

Hasta el momento, según han confirmado fuentes judiciales, en los tribunales hay hasta cinco causas en diferentes estadios en los que figuran como imputados o investigados miembros de la familia Pujol o de su entorno más cercano. Estas mismas fuentes recuerdan que la única pista fiable para intentar vaticinar qué va a pasar con este lío procesal es la postura de la Fiscalía. El Ministerio Público en este caso, como en otros, no quiere más macrocausas. Las dilaciones en grandes instrucciones como los casos 'Gürtel', ERE de Andalucía o 'Palma Arena' han hecho que Anticorrupción apueste ahora por no unir en un solo juzgado investigaciones con conexiones tangenciales que podrían ser avanzadas a más velocidad por diferentes juzgados.

Dicho ello, las cinco causas abiertas tienen puntos de conexión, cuando no se solapan abiertamente, por lo que nadie, ni Fiscalía ni Poder Judicial, sabe qué pasará.

La instrucción que parece mandar ahora es la que el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona abrió a raíz de las querellas de Manos Limpias y Plataforma per Catalunya tras conocer la confesión de Pujol. El sindicato denunció al expresidente por los delitos de cohecho, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delito fiscal, falsedad en documento público y blanqueo de capitales, y a su esposa Marta Ferrusola como cómplice y encubridora.

Esta investigación, aunque reciente, avanza con paso firme. El Banco de Madrid, a través del que la familia trató de regularizar la fortuna oculta en Andorra, ya ha desvelado cómo se gestaron las transferencias de 3,1 millones. La Banca Privada de Andorra (BPA) ya ha confirmado que durante años Ferrusola y dos de sus hijas sacaron miles de esa cuenta antes de regularizarla. No obstante, la investigación de Barcelona sólo está comenzando porque se trata, sobre todo, de averiguar de dónde salió de verdad la fortuna del clan y si, como afirman los denunciantes, procede del cobro de comisiones durante años.

«Portentoso entramado»

Sobre hechos similares, aunque no iguales, versa la demanda que presentaron en la Audiencia Nacional Podemos , Guanyem Barcelona, ICV- EUiA, CUP, Partido X, Procés Constituent y otros colectivos sociales. Todos ellos se remontan al cierre de la instrucción del 'caso Banca Catalana' en 1986 y piden investigar si el «portentoso entramado financiero creado por la familia Pujol» se basa en «actividades económicas ilícitas vinculadas a la obtención de contratos públicos para sus propias empresas o al cobro de comisiones, por parte de la Generalitat».

Su lista de peticiones de imputados va mucho más allá de la de Manos Limpias, y además del matrimonio Pujol-Ferrusola, figuran sus siete hijos, así como amigos del clan. La intención de Podemos y demás colectivos con una querella tan amplia es que la Audiencia Nacional se quede con todas las investigaciones abiertas, entre ellas la de Barcelona y la que el magistrado de ese tribunal Pablo Ruz instruye desde hace dos años. Ruz mantiene como imputados desde febrero al primogénito del exjefe de Gobierno, Jordi Pujol Ferrusola, y a su exmujer, Mercé Gironés, acusados de un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública. Se trata, en principio, de una investigación más limitada que las anteriores pues sólo se refiere a los 32.407.658 euros que el matrimonio movió en divisas entre el 30 de marzo de 2004 y el 28 de noviembre de 2012.

El decanato de la Audiencia Nacional ha decidido no unificar ambas causas y no quiso entregar esta última denuncia a Ruz. Al final, por reparto será el juez Santiago Pedraz el que decida qué hace con la demanda de Podemos.

A estas tres causas se unen otras dos investigaciones que afectan de soslayo a algunos de los personajes de este vodevil judicial. El primero de ellos es el 'caso de las ITV', en el que figura como imputado ante el Tribunal Superior de Cataluña Oriol Pujol. El exsecretario general de Convergencia está acusado de ser la pieza principal en el apaño para diseñar un nuevo mapa de estaciones de ITV que beneficiara a empresarios afines.

Para añadir aún más confusión esta misma semana se ha hecho público que el Juzgado de Instrucción 6 de Barcelona investiga a los hermanos del consejero de Economía de la Generalitat, Felip Puig, Jordi y Oriol, por un presunto delito de blanqueo de capitales. Oriol Puig fue socio de Jordi Pujol Ferrusola y los investigadores no descartan que su nombre pueda aparecer.

«Tal y como está de revuelto todo este asunto no cabe más que esperar a ver por donde estalla todo», explican en la Audiencia Nacional. En la Fiscalía, entretanto, la consigna sigue siendo la misma: «como juntemos todo estos casos terminamos como los ERE».