El Tribunal de la Haya, en tela de juicio

El derrumbe del caso contra el presidente keniano Uhuru Kenyatta cuestiona la capacidad del Tribunal Internacional de la Haya para enjuiciar a sujetos tan poderosos como jefes de Estado. La inviabilidad del proceso se sustenta sobre la falta de pruebas, situación derivada de la escasa cooperación que ha mostrado el régimen africano y la retirada de algunos testigos esenciales. La fiscal Fatou Bensouda ha reconocido que el país no había entregado algunos registros bancarios y otros telefónicos que la institución había exigido, lo que imposibilita el comienzo del proceso, que estaba previsto para el próximo 7 de octubre y, en consecuencia, lo aplaza indefinidamente.

El presidente keniano ha estado imputado por los incidentes que se produjeron tras los comicios del año 2007 y que se saldaron con 1.200 víctimas mortales y el desplazamiento forzoso de otras 600.000 personas.

Este fracaso judicial establece serias dudas sobre la facultad de la Corte para llegar hasta los grandes responsables de crímenes contra la humanidad, a menudo políticos en activo con apoyos populares, como son los casos de Kenyatta y de Omar Al Bashir, la máxima autoridad de Sudán.

La obstrucción llevada a cabo por las autoridades se suma a la estrategia de Nairobi que se conduce a buscar apoyos en la Unión Africana en contra del procesamiento y la atmósfera política actual que exige la alianza de Kenyatta para luchar contra los extremistas en la vecina Somalia.

El fin del caso no ha sorprendido a nadie. Ningún analista esperaba que el político y magnate acabara en una cárcel de la ciudad holandesa. Las reticencias de su victoria en las elecciones de 2013 han dado paso a una franca colaboración, acentuada tras el asalto al centro comercial Westgate y la ofensiva del ejército keniano contra Al Shabaab.