Rajoy equipara independencia catalana a «emprobrecimiento»

No es sólo que la independencia de Cataluña tenga un «coste», como dijo anteayer Artur Mas ante los empresarios en la Cámara de Comercio de Barcelona, es que ese coste, según el Gobierno, es inasumible para los catalanes. El Ejecutivo ha visto en esa mínima cautela expresada por el presidente de la Generalitat -que, por lo demás, defendió que la independencia vale la pena- una veta por la que contrarrestar el atractivo de la secesión de España. Y al unísono, Mariano Rajoy, desde Newport (Reino Unido) y Soraya Sáenz de Santamaría, desde la mesa del Consejo de Ministros, trataron de usarla ayer.

El presidente del Gobierno advirtió de que si Mas siguiera adelante en su proyecto de ruptura sólo provocaría «empobrecimiento» y «aislamiento». Su número dos, mientras, hizo hincapié en que siempre hay espacio para el diálogo como pide la Generalitat, pero matizó que la «obligación ética» de los gobernantes es atender las «necesidades» de sus ciudadanos. «Creo -dijo- que abandonar las necesidades de los catalanes o perjudicarles con decisiones futuras es un precio demasiado alto que (el presidente catalán) no puede pagar ni puede disponer».

Uno y otra insistieron en que frente a la consulta sobre la independencia no hay más margen que la impugnación al Tribunal Constitucional, aunque Mas trate de quitarle hierro con el argumento de que sólo será consultiva y no implicaría la secesión inmediata y, por lo tanto, reclame al Gobierno que no la recurra. «No se nos puede pedir que no cumplamos la ley o no la hagamos cumplir», adujo la número dos del Ejecutivo.

Rajoy instó a Mas a «no jugar a equívocos» con las palabras. Y Sáenz de Santamaría se apoyó en que incluso algunos miembros del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, en concreto cuatro de nueve, cuestionaron la constitucionalidad de la ley de consultas mediante la que el Gobierno autonómico pretende amparar el referéndum.