El Gobierno ve factible tocar la Constitución para limitar los aforamientos

El Gobierno cree que la mayor dificultad para acometer una reforma que reduzca el número de aforados y limite el alcance de esta prerrogativa no está en la Constitución sino en los estatutos de autonomía. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, salió ayer al paso de la discrepancia entre el ministro de Justicia, Alberto Ruiz -Gallardón y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, a cuenta de la necesidad o no de modificar la Carta Magna para acotar los aforamientos parlamentarios y advirtió de que el nudo gordiano de la próxima negociación política sobre este asunto está en realidad en el diálogo con las comunidades.

Sáenz de Santamaría trató de no dar ni quitar la razón de manera explícita a ninguno de sus compañeros pero, de hecho, dejó claro que los recelos que de distinto modo mostraron ambos a una modificación concreta del artículo constitucional que otorga un aforamiento completo a diputados y senadores le resultan exagerados. «Parece de tramitación menos complicada que, por ejemplo, la que haría falta para limitar los aforamientos recogidos en los estatutos autonómicos».

La vicepresidenta subrayó que, al fin y al cabo, la reforma de la Constitución requiere un consenso de los partidos que, a priori, no parece en absoluto imposible. «Si estamos de acuerdo en el fondo y logramos avanzar en el fondo, luego habrá que solventar cuestiones técnicas», dijo. En cambio, reducir la protección de los parlamentarios de las comunidades autónomas o de otros cargos institucionales de carácter estatutario no solo exige un «gran pacto político», apuntó, sino también un acuerdo entre distintas administraciones públicas.

Puesta a punto

Los miedos de Cospedal tienen su razón de ser. En el Congreso de los Diputados no hay en este momento ni un solo grupo parlamentario que no reclame una puesta a punto de la Constitución, pero los populares se resisten a abordarla porque consideran que ni hay consensos claros sobre la dirección y el calado de esa reforma ni el momento político aconseja abrir esa espita. Sáenz de Santamaría se mostró convencida, sin embargo, de que sería posible hacer un retoque específico con una finalidad concreta como la de eliminar el alcance de los aforamientos sin que eso obligara a abrir el melón.

La propuesta, en todo caso, se discutirá a lo largo de los próximos meses en las conversaciones que pretende abrir el Gobierno con todos los grupos para sacar adelante las prometidas y postergadas medidas de regeneración democrática. La número dos del Gobierno recordó que el Ejecutivo ya ha llevado a las Cortes el proyecto de ley orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos y el proyecto de ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.