La responsabilidad de un desastre

Ya no es que nadie acuse. Ni siquiera la Justicia. Ni la Policía. Es la propia Junta de Andalucía la que admite que una de cada dos ayudas concedidas para cursos de formación a parados, nada menos, incluye algún tipo de irregularidad. Cuando no una estafa flagrante. En medio mundo, esa confesión supondría una inmediata serie de dimisiones en cadena por el escándalo que supone esa negligente gestión, la omisión en el deber de velar por el dinero de todos los ciudadanos, por su buen uso. En Andalucía, bien entrado el siglo XXI, parece que basta con pedir algo parecido a las disculpas, con admitir que hubo «excesos» y cambiar la normativa para endurecer las normas que nadie cuidó. Para mayor bochorno colectivo, resulta que son la mitad -lo dice el propio consejero de Educación y no ningún oponente partidista o funcionario policial ni judicial- de todos los expedientes analizados los que están mal. De pronto, desaparecen por ciencia infusa todas las personas que tienen entre sus sagradas responsabilidades, entre sus cometidos, tratar de asegurarse de que esos documentos cumplen con unos mínimos requisitos, que los recursos de todos acaban donde deben, en manos de los que lo necesitan.

Uno de los territorios con más parados de la Unión Europea sufre un expolio masivo de los fondos destinados a paliar esta lacra social. Los que tenían que vigilar para que llegara a su destino estarían mirando para otro lado. Y lo confiesan. Lo admiten. Salió mal. Era su cometido. Pero no pasa nada.