La Junta reclama 22 millones a UGT y a los promotores de cursos

El descontrol en la fiscalización de las ayudas concedidas desde el área de Empleo de la Junta de Andalucía empieza a cobrar forma. El Ejecutivo autonómico cifró ayer en 22,3 millones de euros las cantidades que reclama tanto a UGT como a empresas de cursos de formación por ayudas sin justificar de forma adecuada. Unos datos que surgen al hilo de las distintas operaciones policiales puestas en marcha en la comunidad por supuesto fraude y que se han saldado con la detención de sindicalistas -entre ellos el que fuera tesorero de la central- y de un exconsejero autonómico que supuestamente montó un entramado societario para recibir subvenciones para formación.

Aunque la Junta inició la revisión de estas ayudas el pasado año, no fue hasta la primavera cuando centraron la atención a raíz de una investigación policial que detectó que los fondos recaían en empresas fantasma, que falseaban datos de los alumnos o que incumplían los compromisos de contratación. La Junta ha analizado hasta el momento la mitad de los 8.505 expedientes de ayudas a la formación concedidas desde 2007, de los que 581 han concluido ya con la solicitud de reintegro por importe de 17,4 millones de euros. Una cantidad que, según detalló el consejero andaluz de Educación Luciano Alonso, representa apenas el 0,7 % del total de ayudas dadas a la formación para el empleo entre 2007 y 2013, cifrado en 2.456 millones. Esos fondos no podrán empezar a recuperarse hasta que no sean fiscalizados por la Intervención General de la Junta de Andalucía y posteriormente reclamados por la Agencia Tributaria.

Del resto de los expedientes ya analizados, 1.280 se han justificado correctamente, mientras que otros 2.504 están aún en fase de requerimiento de información, estudio o fase de inicio de reintegro. Entre estos últimos se encuentran 114 referidos a empresas vinculadas al exconsejero andaluz Ángel Ojeda, detenido el pasado mes de agosto por un presunto fraude y al que la Policía señala como promotor de un entramado empresarial «de ficción» montado exclusivamente para conseguir hasta 50 millones en subvenciones concedidas sin cumplir los requisitos y garantías suficientes. La Junta anunció que estas ayudas se mirarán «con mayor minuciosidad».

La otra investigación administrativa se refiere a la trama de las supuestas facturas falsas de UGT Andalucía, que según la Guardia Civil encontró en el desvío de fondos públicos una «vía alternativa de financiación». La Consejería de Economía anunció que se han resuelto tres nuevos expedientes de reintegro de ayudas dadas desde la Dirección General del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) por importe de 3,1 millones de euros, que se suman a otras dos peticiones de devolución por un total de 1,8 millones de euros.