El Gobierno anuncia medidas para evitar los asesinatos de mujeres con orden de protección

La ministra de Sanidad, Ana Mato, anunció ayer que el Gobierno impulsará un gran acuerdo social contra la violencia de género. Mato, que se reunió con la presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona, quiere atajar de una manera contundente una lacra social que, hasta este momento, ha supuesto el asesinato de 40 mujeres.

La titular de Sanidad consideró «objetivo primordial» ese gran pacto en el que estén involucrados los partidos políticos y los agentes sociales. Además, Mato tiene previsto reunirse con los grupos parlamentarios la semana próxima, y más adelante, con organizaciones empresariales, sindicatos y grupos de comunicación. También convocó un pleno extraordinario del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.

Durante la reunión se analizaron los casos de las últimas víctimas mortales con el fin de valorar las medidas legislativas y organizativas en marcha y estudiar la adopción de nuevas iniciativas. Al término de la reunión, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Blanca Hernández, explicó que en las propuestas para atajar esta lacra pasan por que las víctimas tengan ayuda «antes, durante y después» de denunciar. Para ello es fundamental concienciar a la sociedad de los peligros y apoyar a las mujeres víctimas.

Ángeles Carmona afirmó que no se puede permitir que una mujer que denuncia tenga que morir a manos de su agresor y abogó por mejorar la coordinación entre jueces y policías para activar la maquinaria de protección a las víctimas. «La ministra y yo hemos coincidido en que no podemos permitirnos que una mujer que decide dar el paso de denunciar tenga que morir a manos de su agresor», explicó Carmona.

Mato y Carmona desgranaron propuestas para facilitar y promover las denuncias contra los malos tratos. Además de reforzar todos los canales de sensibilización orientados a tal fin, el Ministerio y el CGPJ impulsarán mecanismos de coordinación para que las fuerzas de seguridad dispongan de las denuncias y partes de lesiones que no hayan sido presentados en dependencias policiales con el objetivo de conocer en el momento de la valoración policial de riesgo todos los hechos o circunstancias que puedan influir en su apreciación, garantizando además la existencia de valoración en todos los casos.

Asimismo, el Ministerio de Sanidad y el Observatorio acordaron acelerar los trabajos desde julio realiza el grupo creado para la mejora del cuestionario de valoración policial del riesgo. Entre los criterios manejados está la inclusión de variables relacionadas con la vulnerabilidad de las víctimas, presencia de hijos o hijas, situación laboral y discapacidad, y siempre con el fin de precisar el nivel de riesgo del modo más certero.

Seguimiento directo

Mato y Carmona coincidieron en la necesidad de continuar con el seguimiento de las víctimas por parte de las administraciones implicadas en su atención, más allá de las órdenes de protección. Además, ambas destacaron la importancia de que la mujer cuente con asesoramiento jurídico gratuito antes de la presentación de la denuncia. De este modo, el proyecto de Ley de asistencia jurídica gratuita recoge lo establecido en la legislación contra la violencia de género para garantizar que este derecho se haga efectivo.

Según las fuentes consultadas, éste es un aspecto fundamental porque ayudará a la mujer a que su denuncia se realice en los términos que faciliten la viabilidad del procedimiento judicial y cuente con todos los elementos relevantes para la mejor protección de la víctima y la adecuada sanción al agresor. Según dijo Ángeles Carmona, «es importantísimo que absolutamente todas las notificaciones e informaciones que tienen que ver con el agresor lleguen a la víctima en tiempo real», como prevé el futuro Estatuto de la Víctima, ahora en tramitación paralamentaria.

Otro de los puntos abordados en la reunión fue la búsqueda de vías de sensibilización y concienciación para potenciar la formación de jueces y demás personal al servicio de la administración de justicia. Esto conllevará el impulso de campañas de información y de cauces de investigación con el fin de fortalecer los soportes de ayuda a las víctimas de la violencia de género.