Rajoy advierte a Artur Mas: «No voy a consentir que nadie viole la ley»

No lo nombró, pero no hacía falta. Fue evidente quién era el destinatario del mensaje. Mariano Rajoy aprovechó su tradicional discurso de apertura del curso político, desde el castillo de Soutomaior (Pontevedra), para lanzar una advertencia al presidente de la Generalitat, Artur Mas, justo cuando ultima los preparativos para convocar una consulta secesionista en Cataluña. «No voy a consentir que nadie viole la ley», aseguró, con la mirada fija en la cámara de televisión que retransmitía la intervención.

Pese a saber que el desafío soberanista es sin duda el tema de mayor calado institucional al que se enfrenta este otoño, no quiso en modo alguno que protagonizase su repaso al curso que se inicia. De hecho, solo dedicó al conflicto con los independentistas cuatro párrafos de un discurso de once folios, pero, eso sí, condensados y medidos.

La advertencia, a la vista de las frases que le dan contexto, va más allá de la simple reiteración de que el Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional la aprobación de la ley autonómica de consultas y el decreto de convocatoria del referéndum con la seguridad de que quedarán suspendidos en pocos días.

Los términos absolutos del aviso comunican al jefe de la Generalitat que el Gobierno de España está dispuesto, si le obligan, a usar todos los mecanismos que le otorgan la Constitución y la leyes, incluido el culmen, la intervención de la autonomía, para impedir la desobediencia a las resoluciones judiciales o la ignorancia de la legalidad.

Es la forma de decirle a Mas que, pese a la ambigüedad calculada en la que se mueve, ni se le pase por la cabeza dejarse arrastrar por sus socios de Esquerra y sacar el 9 de noviembre a la calle las urnas para celebrar el referéndum tras la anulación del Constitucional.

Rajoy, ya lo dijo hace un mes, está convencido de que el presidente catalán cumplirá con lo que dijo en el pasado, que nunca hará una consulta que viole la ley, pero también lo ve atrapado y presionado por sus socios más radicales y como dirigentes de Convergencia coquetean con la afirmación de que pase lo que pase habrá urnas en noviembre.

El jefe del Ejecutivo central, además de recordar que, como reza la Constitución, «España es de todos, y lo que es de todos se decide entre todos», indicó que «no hay democracia sin ley», que las normas están «por encima de todo» y que «todos estamos obligados a cumplir las leyes, sin excepción». «Espero que todo el mundo actúe con la responsabilidad que la ocasión merece», concluyó su mensaje a Mas.

Pletórico

El grueso de la intervención, ocho de los once folios, se pareció, casi como dos gotas de agua, a la rueda de prensa con la que el 1 de agosto cerró el curso anterior. Rajoy alardeó de que -«¡Quién lo iba a decir!», exclamó- España fue en el segundo trimestre del año la economía de la zona euro con el crecimiento más alto, puesto que mantendrá en 2015, y de que la recuperación tiene unas raíces tan «vigorosas» que los mercados financieros casi no nos cobran por prestarnos dinero. La deuda a diez años, relató, ha pasado de ser castigada con un interés del 7% en 2011, cuando los socialistas -«con sus recetas fracasadas»- dejaron al Estado al borde de la quiebra, a abonar ahora solo un 2%, después de que su Gobierno y su programa de reformas evitasen la intervención europea que todos pronosticaban y colocasen a España en la senda de la creación de empleo.

El presidente, que aseguró que está en disposición de «plantear una guerra sin cuartel al paro», pidió a todos que defiendan que «España es una gran nación, con una gran historia y un enorme futuro» y que «dejen de lado a todos aquellos que lo niegan», en clara referencia a las siglas de la oposición.

Un Rajoy pletórico, que describió 2014 como el año «de la recuperación» y 2015 como el de «la bajada de impuestos y el crecimiento del empleo, no habló de que ya está en precampaña de las municipales y autonómicas de mayo, pero no hizo falta. Es evidente que la reivindicación del milagro español y de la rebaja del IRPF será la base de su estrategia para recuperar a los más de tres millones de desencantados que el PP se ha dejado por el camino desde las generales de 2011.