La escalada bélica en el este de Ucrania se ceba con los civiles

Los civiles están pagando con su vida el el aumento de las hostilidades en el este de Ucrania, donde los grupos armados prorrusos los utilizan como escudos humanos y las fuerzas gubernamentales les atacan en su intento por reconquistar los territorios bajo control rebelde. La ONU informó ayer que desde que empezó el conflicto -a mediados de abril- al menos 2.593 personas han muerto y casi 6.000 han resultado heridas, datos que excluyen a las víctimas pertenecientes a las filas de combate ucranianas. Tampoco están incluidos los 298 pasajeros del avión comercial derribado el pasado 17 de julio, un acto que se atribuye a los grupos irregulares separatistas, aunque estos lo niegan.

El último informe realizado por los observadores de derechos humanos desplegados por la ONU en Ucrania denuncia que los milicianos prorrusos reciben un suministro constante de armas sofisticadas y municiones. Con esas armas «pueden derribar equipos aeronáuticos militares ucranianos, como helicópteros, aviones de combate y de transporte», señala el documento, divulgado ayer en medio de las denuncias de Ucrania de que Rusia proporciona ese material bélico a los rebeldes. El Ejército de Kiev tampoco ha mostrado hasta la fecha ningún reparo en colocar armamento en zonas fuertemente pobladas y atacar al bando opuesto desde allí y poner así a los civiles en grave riesgo.

«Bombardeos»

De hecho, en este cuarto informe la ONU dice claramente y por primera vez que también hay responsabilidad de las fuerzas ucranianas por una parte de las víctimas y de los daños causados por «bombardeos indiscriminados». Por ello, la responsable de derechos humanos de la ONU, Navi Pillay, recordó a ambas partes que atacar deliberadamente a civiles viola las normas humanitarias internacionales y que todos los combatientes deben respetar los principios de proporcionalidad y precaución. Así, los observadores de la ONU cuentan con evidencia que los rebeldes, por ejemplo, impidieron a los civiles abandonar Lugansk y Donetsk, los dos bastiones prorrusos.

El documento también cuestiona la decisión del Gobierno de crear corredores humanitarios supuestamente seguros, pero que en realidad atravesaban zonas de combate. Tanto a los rebeldes como a las fuerzas oficiales se les acusa de no haber tomado ninguna previsión para la evacuación de personas especialmente vulnerables, como niños y ancianos en instituciones de acogida, o población carcelaria, en circunstancias en las que estallaban enfrentamientos en las inmediaciones. La ONU revela que las fuerzas de seguridad oficiales han aumentado las detenciones de personas supuestamente sospechosas de «actividades terroristas» no sólo en el este de Ucrania, sino también en el resto del país. Sólo en la región de Donbas, que incluye Donetsk y Lugansk, se estima que tienen a 1.000 detenidos. También preocupa a la organización recientes leyes aprobadas por el Parlamento ucraniano para reforzar los poderes de los cuerpos de seguridad en relación con sus operaciones en la región oriental del país.

Entre las medidas tomadas están la ampliación de los poderes de los fiscales y la prolongación del periodo de prisión preventiva a treinta días, «lo que parece estar en conflicto con los estándares internacionales de derechos humanos», señala el informe. La desconfianza del aparato estatal llega a tal punto que el 80% de los miembros de la Policía en Donetsk y en Lugansk han tenido que pasar por un proceso de «recalificación» para probar que no estuvieron involucrados en ninguna acción criminal mientras las áreas ahora liberadas estaban bajo control prorruso.