El Gobierno pide a Mas que olvide la ley de consultas porque está condenada

El Gobierno pide a Artur Mas que desista ya de su aventura independentista, que no apure la hoja de ruta pactada con Esquerra, porque no tiene la más mínima oportunidad de celebrar la consulta secesionista del 9 de noviembre, porque es ilegal y así lo va a acordar el Tribunal Constitucional en cuanto se lo plantee el Ejecutivo.

El mismo mensaje que le transmitió hace un mes Mariano Rajoy en su encuentro en la Moncloa lo reiteró ayer, al término del primer Consejo de Ministros tras las vacaciones estivales, Soraya Sáenz de Santamaría. Consideran que la escalada de tensión que va a enfrentar en las próximas semanas a ambas instituciones es gratuita porque el referéndum está abocado al fracaso.

La vicepresidenta considera que al presidente catalán y a sus socios en la promoción del referéndum, CiU, Iniciativa, Esquerra y la CUP, harían bien en «reflexionar sobre la legalidad de las leyes que están dispuestos a aprobar» en el Parlament y renunciar a votar en los próximos días la ley autonómica de consultas, con la que Mas quiere convocar -seguramente el 19 de septiembre- a todos los catalanes a responder en las urnas si siguen unidos a España o crean un estado propio.

Les recordó que incluso cuatro de los nueve miembros del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, los únicos no elegidos por CiU y Esquerra, denunciaron la semana pasada que el texto de la norma autonómica viola las competencias exclusivas del Estado y la Constitución y apuntó a que ellos, aunque no lo digan, también son conscientes de la ilegalidad. «Lo serio es respetar la Constitución y las leyes y el resto es lo menos serio que puede hacer un dirigente político», aseguró justo antes de pasar de los consejos a las advertencias.

Intenciones claras

Y es que Sáenz de Santamaría, una vez solicitada una reflexión que sospecha que no será atendida, le dejó a Mas y a sus socios muy claras las intenciones del Gobierno. Ni les va a permitir realizar la consulta ni ningún otro acto en su senda secesionista con el que violen la ley.

La vicepresidenta anticipó a la Generalitat que si finalmente se aprueba la ley de consultas será impugnada inmediatamente ante el Tribunal Constitucional, lo mismo que harán con el decreto de convocatoria del referendo si, como parece más que probable, Artur Mas lo dicta en el mismo día, con la norma autonómica aún vigente.

La número dos del Gobierno vino a proclamar, de hecho, que ya pueden dar por muerta esa ley y la consulta en aplicación de lo dispuesto en el artículo 161.2 de la Constitución. Se trata del apartado en el que señala que siempre que el Gobierno impugne una ley o una disposición autonómica, y así lo solicite, el acto jurídico quedará suspendido cautelarmente, pero de forma automática, solo con que el Constitucional admita a trámite los recursos, cosa que hará con seguridad en pocos días. La suspensión cautelar es por un tiempo máximo de cinco meses, pero puede prorrogarse hasta que la corte resuelva el fondo de la controversia. «La Constitución dice que la suspensión es automática, quiero recordarlo», remarcó Sáenz de Santamaría, para evidenciar que de ninguna de las maneras, por mucho que insistan Mas y sus socios, habrá consulta el 9 de noviembre.

De hecho, el Ejecutivo de Rajoy calcula que la consulta estará ya suspendida por el Constitucional -mientras estudia las impugnaciones estatales- al menos un mes antes de la fecha en que estaba prevista su celebración.

Una de las incógnitas es qué hará entonces el presidente de la Generalitat, respetará la ley y no celebrará el referéndum o, como le exige Esquerra, ignorará al Constitucional y el 9 de noviembre sacará las urnas y las papeletas a la calle.

Sáenz de Santamaría dijo no querer especular y señaló que «quiero creer al presidente Mas cuando en numerosas ocasiones ha dicho que respetará la legalidad» porque, añadió, «fuera de la legalidad ya no estamos hablando de democracia». Lo que sí tiene claro es que, decida lo que decida Mas, el Gobierno hará cumplir la ley.