Tercera edad de lujo

La decisión de la Junta de Andalucía de no ampliar las plazas concertadas de las residencias de ancianos está trayendo tristes consecuencias para las personas que no pueden hacer frente al pago de una plaza privada. En Cádiz, más de un centenar está obligada a alojarse en un geriátrico de fuera de la capital, alejado de su familia y de su entorno, porque no quedan camas vacías subvencionadas.

A pesar del esfuerzo del Ayuntamiento de Cádiz, que ya ayuda a más de una decena de ancianos a hacer frente al pago de una plaza, todavía hay personas que necesitan que no se les deje de lado.

La decisión de no concertar más camas también ha conllevado que varios centros de la ciudad hayan tenido que cerrar y algunos se encuentren medio vacíos. El caso de la residencia Micaela Aramburu, que tiene un 40% de ocupación toda privada, es uno de los más flagrantes, ya que no cuenta con ninguna cama subvencionada.

Esta situación, que no es exclusiva de la capital gaditana, tiene su origen en los años previos a la crisis. Cuando los municipios eran boyantes, muchos ayuntamientos se lanzaron a la construcción de residencias para dar asilo a sus ancianos, el problema es que esta fue una tendencia que se dio en poblaciones de todos los tamaños. En alguno casos, había ofertadas más camas que vecinos tenía el municipio, y las plazas concertadas, subvencionadas en un 60%, se siguieron pagando a pesar de estar vacías. Las consecuencias de ese despropósito, que nadie controló, ha llevado a la Junta a recortar los conciertos y a decidir no seguir pagando si no se ocupan en 30 días, sin tener en cuenta que, en las grandes ciudades, siguen faltando plazas para los ancianos con pocos recursos.

Como siempre, los errores del pasado vuelven a traer consecuencias en el presente y a afectar a los más desfavorecidos. Mejor sería recapacitar sobre la decisión y buscar una solución conveniente para todos.