El PP insiste en vincular el fraude de los ERE y el de los cursos de formación

Aunque ya en 2011 pidió una comisión parlamentaria de investigación al respecto, el PP andaluz insiste ahora, en plena vorágine de denuncias e imputaciones, que el caso de los ERE y el fraude en los cursos de formación para parados están conectados. Además, asegura que ya la corrupción destapada alcanza al mandato de Susana Díaz. Antonio Sanz, ex secretario general del partido y brazo derecho de Javier Arenas, volvió al atril de la sala de Prensa de la sede regional en su calidad de portavoz parlamentario adjunto para insistir además en que la presidenta de la Junta dé explicaciones .

Además, Sanz elevó hasta los 4.000 millones de euros la cifra de fondos públicos presuntamente «desviados» en ambos casos y que estaban «destinadas para los parados andaluces», declaró.

Para apoyar esta vinculación Sanz citó una ayuda otorgada por Antonio Rivas, como delegado de Empleo de la Junta en Sevilla, a Prescal, una empresa del grupo del exconsejero Ángel Ojeda, por valor de 113.341 euros, y recordó que Rivas está considerado por la jueza Mercedes Alaya como «una de las piezas clave de los ERE». Las dos tramas «comparten un mismo 'modus operandi' a través de fondos de reptiles y ayudas y subvenciones sin publicidad, y con los mismos actores».

Los métodos de Ojeda

Sanz dio a conocer durante su comparecencia la presunta utilización por el imputado exconsejero Ángel Ojeda de una red de facturas falsas, a través de las cuales desviaba hasta el 60% de la financiación que recibía para los cursos de formación.

De esta manera, el dirigen te del PP gaditano dijo que los profesores que Ojeda contrataba para sus cursos facturaban 6.360 euros cada uno de ellos, pero que a continuación «tenían que devolver» 3.960 euros, de modo que ellos solo percibían 1.786 y el resto era desviado «a otras manos». Además, las facturas estaban exentas de IVA al tratarse en su mayoría de fundaciones o entidades sin ánimo de lucro.

Además el PP andaluz sostiene que Teresa Florido, cuñada de Ojeda que fue directora general de Formación de la Junta desde 2011 a 2013, no «avocó», es decir renunció oficialmente a actuar en actos relacionados con las empresas del exconsejero, dos meses después de ser nobrada, como sostiene la Consejería de Educación, sino que lo hizo dos años después y forzada por una denuncia del propio Partido Popular.

Sanz aseguró que la firma de Florido aparece en el BOJA dando ayudas muchos meses después. Según los datos del PP-A, la exdirectora general habría otorgado a las empresas de su cuñado ayudas por valor de 5,3 millones de euros. Aseguró que 99 de los 102 expedientes «que le avocan a la señora Florido» están pendientes de justificar, por importe de 25,8 millones de euros, lo que evidencia a su juicio la falta de control de la Junta y su nulo interés n resolver el asunto y exigir responsabilidades. A ello unió que cuando Florido llegó al cargo ya había denuncias contra las empresas de Ojeda, por irregularidades de diversa índole, pese a lo cual las ayudas se mantuvieron.

Sanz dijo que ya hay procedimientos por fraudes de formación en los juzgados de siete de las ocho provincias andaluzas. Recordó que ya dijo Javier Guerrero, el exdirector general de Trabajo imputado en la trama de los ERE, que ésta se quedaba en 'pecata minuta' comparada con el fraude en los cursos de formación.

Por otra parte, el consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, distribuyó unas declaraciones a las agencias informativas en las que niega que la presidenta Susana Díaz haya visitado, promocionado o acompañado en viajes al exterior a empresas del exconsejero Ojeda, para desmentir las acusaciones realizadas por el portavoz parlamentario popular, Carlos Rojas. Sánchez Maldonado consideró que estas noticias ponen en riesgo la imagen de Andalucía, al vincularse a un sector c lave, el aeronáutico.