...Y si lo desconocían todavía peor

Si lo conocieron malo y si además fueron sus artífices, peor. Si no lo conocieron es para alucinar en colores. Pero será el Supremo el que decida la cuestión. Solo espero de tan alto Tribunal, la misma perseverancia y buen hacer que el mostrado en estos cuatro últimos años por Dª Mercedes.

En el informe de remisión al Tribunal de aforados, se dice que «la Junta apostó por el compromiso político de la paz social, antes que por el cumplimiento estricto de la legalidad». A esta conclusión llega la jueza, no justificando a modo de síntesis el caso que instruye, por el hecho de que la promulgación del Decreto-Ley de 2012, en cuya virtud se decidió legalizar las prejubilaciones ilegales concedidas desde el año 2000, como forma de búsqueda de amparo legal para seguir pagándolas, con el beneplácito ahora también de IU. Precisamente esa norma suponía admitir la culpa y por lo tanto la culpabilidad de todos.

La Junta había procedido a reconvertir lo que eran ayudas laborales regidas por la legislación de subvenciones, en otras de naturaleza asistencial. Ahora bien, Alaya sigue diciendo en su informe que dicho cambio, ni legaliza, ni convalida las ayudas concedidas con cargo a la partida 31L; ni por supuesto supone la desaparición de las responsabilidades que nacieron al amparo del caso de corrupción institucionalizada, soólo posible con la cobertura de un 'régimen', que permitió durante once años la corrupción generalizada. Y eso que cuando se destapó el caso, fue calificado cosa de uno o dos golfos, de ahí pasaron a cuatro, así lo denominó la anterior consejera de la Presidencia, aforada también, para entender a estas alturas que es cosa de una 'organización criminal'. Organización criminal institucionalizada. La Junta no solo hizo lo posible, sino hasta lo imposible para su diseño, creando la partida 31-L. La creó auspiciada en una norma de Presupuestos, contemplándola en las sucesivas. Lo peor de todo esto es que nos conduce a preguntarnos ¿qué es lo que hacía entre tanto la oposición política? ¿Para qué sirve ésta sí no se enteraba o si lo hizo, no supieron frenar el mayor de los despropósitos? Porque lo que se hacía era, desviar cantidades provenientes de los presupuestos autonómicos, al de una agencia, primero el IFA y luego IDEA, para quedar fuera de la órbita del derecho administrativo y sus controles. El propio Interventor General lo advirtió de forma reiterativa.

Su Señoría vuelve ahora a insistir en «el compromiso político de la paz social» por la Junta de Andalucía, antes que en el compromiso democrático, que en caso contrario desvirtualizaría la propia democracia, consistente en el estricto cumplimiento de la Ley. La Junta diseñó un sistema, baluarte fundamental de la pervivencia de un régimen, que se hubiera tambaleado y caído, sin la posibilidad de compra de la paz social, a través de una trama organizada, calificada por la UCO como «organización criminal, en la que participan la propia Administración, mediadores y sindicatos». Andalucía en estado puro.