La Intervención, clave en el caso ERE

La llamada 'trama política' en el caso de los EREs fraudulentos que la jueza Mercedes Alaya acaba de elevar al Tribunal Supremo tiene una clave decisiva en el papel de la Intervención General de la Junta. Su entonces responsable, Manuel Gómez Martínez, imputado en la causa, juega un difícil papel, en el que no puede acusar sin acusarse y aunque advirtió a sus superiores de las anomalías detectadas, «hasta el hartazgo», ha dicho Alaya en su exposición razonada al alto tribunal, no realizó el informe de actuación que debía haber elevado para que el Gobierno tuviera que tomar cartas en el asunto.

La magistrada halla indicios de responsabilidad en dos expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y siete exconsejeros protegidos por el aforamiento al ocupar escaños parlamentarios en el Congreso, el Senado y la Cámara andaluza, Viera, Zarrías, Aguayo, Avila, Recio, Vallejo y Moreno.

Un nuevo argumento vendría a reforzar la postura de los aforados, que afirman que no se les apercibió de las irregularidades en las transferencias de financiación de la manera oportuna. Se trata de un acuerdo del 29 de agosto de 2006 del Consejo de Gobierno, publicado en el BOJA del 14 de septiembre de ese mismo año, por el que se aprueba el programa de control a realizar en el ejercicio 2006 de las empresas de la Junta de Andalucía sometidas a control financiero permanente. En este acuerdo, el Gobierno andaluz faculta a la Intervención General de la Junta para ampliar dicho control cuando sea preciso.

El punto sexto del acuerdo establece que «la Intervención General podrá extender el alcance de las actuaciones de control financiero permanente cuando por aplicación de las normas de auditoría aplicables y, en función de los resultados obtenidos en los controles referidos, se considere procedente».

Asimismo, el Consejo de Gobierno añade en el programa de control financiero permanente a realizar en las empresas de la Junta de Andalucía el examen del informe de seguimiento obligatorio emitido por cada una de estas empresas, entre ellas la agencias IFA e IDEA, de los programas de actuación, inversión y financiación del ejercicio anterior, de 2005, «para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en los programas de actuación, inversión y financiación y en los presupuestos de explotación y capital».

El acuerdo está firmado por Manuel Chaves, como presidente de la Junta, y José Antonio Griñán, entonces consejero de Economía y Hacienda.

Por otra parte, fuentes jurídicas consideran que Alaya se ha precipitado al enviar el caso al Tribunal Supremo en base al informe pericial de la Intervención General del Estado sin haber sido ratificado en audiencia pública. Incluso discuten la pertinencia de dicho informe, puesto que según el Estatuto de Autonomía de Andalucía, sólo la Intervención General de la comunidad está facultada para realizar la tarea de control de las cuentas públicas de la Junta.

La respuesta la dará el Supremo en un plazo que nadie se atreve a calcular y que comenzará a contar a partir del 10 de septiembre, cuando se inaugure el Año Judicial. Todo hace pensar que será largo, dada la complejidad del sumario, en el que los magistrados del alto tribunal deberán ponerse al día.

Lo que sí se da por plausible es la paralización de la causa en el juzgado número 6 de Sevilla hasta que el Tribunal Supremo de pronuncie. La propia jueza, en su exposición razonada, dedica los últimos folios a defender que considera el sumario inescindible, lo que da fuerza a los imputados no aforados a negarse a cualquier declaración por no ser en estos momentos Alaya la instancia competente.