La alianza soberanista entre CiU y Esquerra comienza a agrietarse

Las declaraciones cruzadas entre responsables de CiU y de Esquerra Republicana de los últimos días indican que la alianza soberanista para celebrar el próximo 9 de noviembre un referéndum de autodeterminación en Cataluña ha comenzado a agrietarse.

El acuerdo de fondo, la convocatoria por parte de la Generalitat, a finales de septiembre o principios de octubre, de una consulta para que los catalanes decidan el segundo domingo de noviembre si quieren seguir formando parte de España o crear un estado propio, no lo pone en duda ninguna de las partes, ni los socios principales, CiU y Esquerra, ni sus acompañantes menores, Iniciativa y las CUP. Artur Mas firmará este decreto, con seguridad, antes del 9 de octubre, en cuanto esté aprobada la ley autonómica de consultas en base a la que se producirá la convocatoria.

La discrepancia está en qué deben hacer las instituciones y los partidos soberanistas catalanes cuando se produzca un hecho decisivo que se da ya casi como inevitable. Cuando el Tribunal Constitucional, una vez el Gobierno de Mariano Rajoy impugne tanto la ley de consultas como el decreto de convocatoria, decrete la suspensión cautelar de la norma y del referéndum por un período máximo de cinco meses, mientras resuelve el fondo de los recursos estatales. Una resolución que, con seguridad, comunicará personalmente a los máximos responsables de la Generalitat y del Parlament, para dar pie, en caso de incumplimiento, a una investigación penal por desobediencia.

Cartas boca arriba

La respuesta a la pregunta no puede ser más opuesta, lo que amenaza con que, de cara al otoño, CiU y Esquerra defenderán estrategias tan enfrentadas que les pueden llevar a la ruptura de la unidad de acción. El partido que gobierna en Cataluña tiene claro que si el Constitucional lo veta el referéndum no se celebrará, al menos en ese momento, porque no habrá vulneración de la legalidad. Los republicanos exigen a la Generalitat y a Mas que saquen las urnas y celebren la consulta, diga lo que diga el tribunal, porque una decisión de sus magistrados no puede colarse por encima del mandato electoral y parlamentario de la mayoría de los catalanes, que reclaman celebrar la consulta.

Mas, durante meses, ha tratado de esquivar una respuesta concreta, consciente de que desataría los descuerdos entre socios. Se ha limitado a afirmar que no tiene otro plan que no sea la celebración de la consulta el 9 de noviembre, aunque con el matiz de que siempre se mantendrá en el respeto a la ley.

La idea era no poner la venda antes de la herida y mantener intacta la tensión con el Estado al menos hasta que llegase el momento de decidir entre legalidad o desobediencia a las resoluciones judiciales.

Sin embargo, dos de sus principales consejeros, la vicepresidenta, Joana Ortega, y el titular de Territorio, Santi Vila, han desvelado esta semana sus intenciones reales, las que no quería anticipar. Acatar a regañadientes, si llega el caso, la suspensión del Constitucional y aplazar la consulta a otra fecha -en el improbable caso de que, al final, el tribunal les diese la razón- o pensar en adelantar las elecciones autonómicas y convertirlas en comicios plebiscitarios, para que los catalanes puedan pronunciarse.

La reacción de los líderes de Esquerra a la claridad de las palabras pronunciadas ayer por Ortega evidencia la tensión entre los todavía aliados. Aunque esperan que Mas desautorice a los miembros de su gabinete, los diputados Alfred Bosch y Joan Tardá hablaron de «suicidio» de la Generalitat, de «engaño al pueblo catalán» o de docilidad ante las imposiciones del Estado que les pueden llevar al «divorcio» con el movimiento soberanista.

Esquerra reclama a Mas y a CiU que este otoño, si hace falta, incurran en desobediencia e insumisión a las resoluciones del Constitucional. Su exigencia es que el 9 de noviembre las urnas tienen que estar en la calle y que si los catalanes al final no votan tendrá que ser no porque la Generalitat dé un paso atrás sino porque el Gobierno central tenga que adoptar medidas de fuerza para evitarlo.

Los republicanos, Iniciativa y también las CUP creen que, además, al dar a entender a tres meses vista que al final no habrá consulta lo único que logran es desmovilizar al soberanismo.