Una jueza perseverante y polémica

La jueza que ha puesto contra las cuerdas a los gobiernos socialistas de más de una década en Andalucía, Mercedes Alaya Rodríguez (Sevilla, 1963), ha demostrado en los tres años y medio que dura su instrucción en el caso de los ERE una tozudez inquebrantable y una gran perseverancia. Nada le ha hecho desistir. Ni la escasa ayuda del principio de la investigación, ni las críticas de abogados y fiscales por el modo de instruir, ni las propias presiones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que agilizara el procedimiento ante la acumulación de imputados sin tomarles declaración durante años o las protestas e insultos en las puertas de los juzgados sevillanos cuando en octubre del pasado año encarceló a dos sindicalistas. Desde entonces tiene guardaespaldas y un taxista la recoge en casa cada mañana para llevarla al juzgado y luego trasladarla a casa. Y tampoco la ha derrotado su propia enfermedad, la neuralgia del trigémino, una patología que produce fuertes dolores de cabeza y que la mantuvo de baja y apartada seis meses del caso.

Nada de ello la ha doblegado en su empeño de culminar el procedimiento con su primer indicio, el de que la cúpula de los gobiernos de la Junta fueron responsables del fraude cometido con las ayudas sociolaborales y empresas en crisis. El pasado viernes día 1 de agosto sonrió y respondió por primera vez a una periodista, rompiendo su imagen de profesional hermética, distante e indiferente. Siempre ha negado cualquier comunicación con los periodistas, incluso a través del gabinete de prensa del TSJA. Estaba ya empaquetando el grueso sumario de trescientos mil folios para remitir el caso al Tribunal Supremo. «Hoy creo que no», respondió a la periodista dejando atónitos a todos los demás compañeros. Quizás este gesto inusual fue su manera de expresar su satisfacción por el deber hecho, por quitarse por el momento una enorme presión mediática sobre su persona, o quizás también porque era su último día antes de las vacaciones. En cualquier caso fue un síntoma irreprimible del triunfo de su propia perseverancia en un caso de gran polémica, al que aún queda tiempo para vérsele la punta.

Momentos trágicos

La vida de la jueza «insobornable» o la jueza «estrella», como se le ha llamado en algunos foros, es bien conocida a su pesar, pero cabe recordar ahora que vuelve a estar en el punto de mira algunos aspectos clave de la trayectoria personal y profesional de esta sevillana de familia acomodada que un día decidió ser jueza. En lo personal: Está casada con el auditor Jorge Castro, de su misma edad y compañero de estudios, con el que tienen cuatro hijos, la mayor de 30 años y el pequeño de siete. Por el trabajo de su marido como auditor de Mercasevilla fue recusada al comienzo de la investigación de una de las piezas del caso, aunque los tribunales rechazaron la recusación.

Su padre murió cuando ella tenía 15 años y también perdió a un hermano de 34 años en un accidente de tráfico, dos momentos trágicos de su vida que sus amigos confesaron a la revista 'Vanity Fair' que le han marcado mucho. Por ellos se ha sabido que era una estudiante de diez en el colegio, perfeccionista, tímida y admirada por los chicos por su belleza frágil y que se casó embarazada de su novio con veinte años. Estudió Derecho en la Universidad de Sevilla y aprobó con 24 años las oposiciones a juez con el número 16 de toda España.

En la judicatura desde joven

En lo profesional: Debutó en el Juzgado de Primera Instancia número dos de Carmona en 1988 con 25 años. En 1990 se trasladó a Fuengirola, donde le pilló el procesamiento del exalcalde socialista Sancho Adam por presunta malversación de fondos públicos.En 1992 logra el traslado a Sevilla, al juzgado de Instrucción número 20 y ya en 1998 consigue plaza fija en el número 6. Ocupa el despacho del magistrado Ángel Márquez Romero. Nada de particular sino fuera porque Márquez fue el juez que instruyó el 'caso Juan Guerra', el que más dolores de cabeza diera el PSOE en los noventa. Este y el 'caso Ollero' han sido los dos únicos casos de corrupción antes del de los ERE que han salpicado a los gobiernos socialistas en sus tres décadas al frente de la Junta de Andalucía.

A Alaya se la encuadra en un ámbito de la Sevilla conservadora, quizás por su amistad personal con el también juez y ahora alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), pero nunca ha dejado traslucir cuál es su inclinación ideológica hasta el punto que no está adscrita a ninguna asociación judicial. Con el foco tras ella durante estos años se le ha retratado vestida de flamenca en la feria y yendo a los toros, con Enrique Ponce como su torero favorito. Pero la mayor expectación fue cuando la pasada primavera volvió a renovar los votos de matrimonio por la iglesia, en una ceremonia en la que la jueza se vistió como una novia clásica.

Venerada y temida

Es valorada y respetada por los funcionarios de su juzgado. Entre los abogados de la causa hay diferentes opiniones. Hay quienes la veneran y hay quienes la tachan de 'loca'. Aunque admiten que es trabajadora, concienzuda y elogian su profesionalidad, casi todos han acabado al final por aconsejar a sus defendidos que se acojan a su derecho de no declarar. Un pacto de silencio que ha hecho que casi ninguno de los llamados a declarar en los últimos meses haya querido contar nada a la jueza. La razón que han esgrimido es que no la consideran competente una vez que salieron a la luz los nombres de aforados en la instrucción, en un auto el pasado mes de septiembre. Pero también hay un temor a su carácter vehemente y contundente en los interrogatorios. Ha llegado a espetarle a algún imputado «me está usted mintiendo...». Otros se quejan de que interpreta lo que les dice y no se refleja tal cual lo dicen. Desde el principio Alaya se negó a que las declaraciones fueran grabadas y reprochó a un letrado que las pedía que quería convertir la causa en «una comparsa».

Con los fiscales del caso también ha mantenido pulsos constantes, todos ellos a través de escritos y autos. El más significativo ha sido cuando los fiscales han pedido de forma reiterada que dividiera el sumario y elevara la parte de los aforados al Supremo. Nunca les hizo caso. La Audiencia de Sevilla acabó dando la razón a la magistrada para que no troceara la causa.

Polémicas

Otro asunto polémico fue cuando un año después de la investigación cambió la Policía Nacional por la Guardia Civil, lo que molestó al primer cuerpo. Durante su baja le suplieron dos jueces. El objetivo del TSJA es que mantuviera a su regreso a uno de ellos como apoyo en las cuatro macrocausas que lleva. Acabaron por pedir su marcha del juzgado visiblemente enojados con la magistrada. Ella nunca quiso compartir las macrocausas (caso Lopera, dos de Mercasevilla y la de los ERE, ahora también la de los cursos de formación). Por todos estos gestos se le ha calificado de autosuficiente y de independiente, lo que ha llevado a desesperar al mismo presidente del TSJA, Lorenzo del Río, quien le impuso como tarea que remitiera un informe sobre su trabajo en el sumario de los ERE cada cierto tiempo.

También ha sido criticada por hacer coincidir sus autos de mayor repercusión mediática con momentos trascendentales de la política andaluza. Tomó declaración y ordenó el ingreso en prisión en plena campaña de las autonómicas de marzo de 2012 del exdirector general de Trabajo, Javier Guerrero, y su chófer favorecido con subvenciones y quien confesó que utilizó parte de estas para coca y fiestas con su jefe. La primera vez que citó a Griñán en un auto como posible conocedor de las irregularidades fue en la campaña de las generales en noviembre de 2011. El más sonado fue cuando dio a conocer el auto en el que preimputaba a los aforados el mismo día de la toma de posesión del nuevo gobierno de Susana Díaz el pasado siete de septiembre.