La suciedad de los cauces provocó las riadas de 2010

Cuatro años después de las riadas en Andalucía, que causaron numerosos daños a cultivos y viviendas, y obligaron a desalojar a unos 1.500 vecinos de las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén, comienzan a depurarse responsabilidades. La Audiencia Nacional ha condenado a la Junta de Andalucía, que deberá indemnizar a uno de los afectados, ya que las lluvias no fueron torrenciales o excepcionales y el mantenimiento de los cauces no era adecuado. Además, la deficiente gestión de los embalses propició la crecida del Guadalquivir.

La sentencia de la sala primera de lo Contencioso Administrativo obliga a la Junta de Andalucía al pago de una cantidad de 51.152 euros como compensación al propietario de dos fincas en la capital cordobesa, cuyos daños han sido cifrados en unos 100.000 euros, y sienta un precedente para todos aquellos afectados por las inundaciones, que prevé un intenso goteo de cuantiosas indemnizaciones en las próximas semanas.

El fallo del tribunal, que alude a un informe del Grupo de Investigación de Hidrología e Hidráulica de la Universidad de Córdoba, estima que «resulta evidente el estado de colmatación de los cauces, debido a la ausencia de labores de limpieza y mantenimiento, y la intensidad de las lluvias no permite concluir que la inundación fuera debida a un acontecimiento de fuerza mayor» y establece la negligencia en el mantenimiento de cauces y embalses en que incurrió el gobierno andaluz.

La Plataforma de Afectados por las Inundaciones del Guadalquivir, que en la actualidad cuenta con cuatrocientos socios, ya se ha puesto manos a la obra en su reclamación de indemnizaciones para los vecinos, y a partir de septiembre promoverá una demanda colectiva. La asociación de agricultores Asaja también reclama compensaciones por valor de unos cinco millones de euros a las administraciones públicas por su responsabilidad patrimonial. La crecida de los ríos Guadalquivir, Guadajoz y Cabra ocasionó cuantiosos daños al campo cordobés, ante lo cual casi treinta regantes acudieron a la asociación agraria para impulsar sus reclamaciones.

Francisco León, presidente del colectivo de afectados por las inundaciones, destaca que «algunas personas ya han sido indemnizadas por sus seguros pero hay muchos afectados que aún no han percibido nada por los perjuicios sufridos, a lo que se añade el daño psicológico y moral». Las administraciones públicas han reaccionado de manera dispar ante la sentencia y la Junta aún no se ha pronunciado. «La gestión de la cuenca fue absolutamente nefasta, el Ayuntamiento de Córdoba se plantea reclamar daños», afirmó rotundamente el alcalde de la ciudad califal, el popular José Antonio Nieto.