La Fiscalía investiga el fraude millonario del contrabando de tabaco en Gibraltar

La Unión Europea ha dicho basta al contrabando de tabaco desde Gibraltar a España, un negocio que arroja pingües beneficios a ambos lados de la verja y por el que el Gobierno acusa a la colonia inglesa de «conocerlo y permitirlo».

La primera medida judicial para investigar este fraude, que se estima superior a los 1.000 millones de euros anuales para las maltrechas arcas del Estado, la ha tomado la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ya investiga la denuncia formulada por la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude (OLAF).

Fuentes jurídicas apuntaron que las diligencias comenzaron a finales de julio, después de que la Fiscalía General del Estado remitiera la denuncia de la OLAF al departamento dirigido por el fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, al ser el órgano competente por tratarse de delitos cometidos por españoles en el extranjero.

El Ministerio Público no ha remitido de momento la denuncia a ningún juzgado y nombrará a un instructor para llevar a cabo las pesquisas necesarias. Dispone incluso de un periodo de hasta seis meses antes de judicializar el caso, es decir, de remitirlo a los juzgados central de instrucción de la Audiencia.

La Oficina Europea abrió su investigación a iniciativa española y sus inspectores han estado ya tres veces en Gibraltar, en septiembre de 2013 y en julio del año pasado, dentro de una misión más amplia de la Comisión Europea que inspeccionó las colas en la Verja, y en marzo pasado, en una visita específica.

El escrito de este organismo comunitario es tajante al afirmar que «hay motivos para creer que se han cometido delitos de contrabando de tabaco y blanqueo de capitales que afectan a los intereses financieros, o de otra índole, de la Unión Europea». Por ello reclama que tanto Madrid como Londres inicien sus correspondientes pesquisas para poner fin a esta práctica, que vio como de 2009 a 2013 se ha incrementado de manera exponencial la entrada de cajetillas de tabaco al Peñón.

Sin IVA

Gibraltar carece del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) con lo que la compra de tabaco no está gravada como en España y, por lo tanto, resulta mucho más barato. Un simple vistazo a las cifras muestra el negocio que se da a ambos lados de la frontera aprovechando esta diferencia de precios.

En una provincia como Cádiz en la que el desempleo alcanza cotas de hasta el 42% de la población, el contrabando de tabaco se ha convertido en una fuente de ingresos extra para muchas personas. Con una población de apenas 29.000 habitantes, Gibraltar importa más de 110 millones de cajetillas al año, una cantidad que España, insiste, no puede ser consumida por su población (cada ciudadano tendría que fumar 200 cigarrillos diarios).

La Agencia Tributaria denuncia que «estas ingentes cantidades de tabaco son introducidas mayoritariamente en España de modo ilegal», aprovechando redes criminales organizadas. Según los datos de la Guardia Civil, en 2013 se requisaron 971.463 cajetillas en la aduana. Precisamente, el 60% de todas las aprensiones de tabaco realizadas en España se produjeron en la frontera del Peñón, en el Campo de Gibraltar (La Línea, Algeciras, etcétera).

La estimación es que el negocio resta a España más de 1.000 millones anuales en recaudación. «Este contrabando resulta plenamente controlado por organizaciones criminales que obtienen una importante financiación y quedan amparadas por la inacción del Gobierno gibraltareño», asegura la Agencia Tributaria. Hacienda mantiene que las autoridades del Peñón «conocen y permiten la existencia de significativos volúmenes de importación de tabaco», sin que adopte medidas para su control. Con el fin de frenar este negocio ilícito, el gobierno gibraltareño anunció su intención de limitar la venta de tabaco a un cartón -10 cajetillas- por persona al día, una medida que España considera, no obstante, insuficiente.

Controles y sospechas

Desde la llegada al Gobierno del Partido Popular, España ha redoblado sus controles en la verja para frenar el contrabando, una medida que en frecuentes ocasiones origina colas de varias horas en los accesos a la colonia británica. Como respuesta, las autoridades del Peñón han venido denunciando que el Ejecutivo español usa los controles como un instrumento de presión en su reivindicación de la soberanía del Peñón, un argumento que ahora la OLAF ha echado por tierra con el informe.

El Gobierno tiene sospechas de que hay empresas tabaqueras que están facilitando esta compraventa. En mayo pasado España se adhirió al Protocolo contra el Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, puesto en marcha por la ONU, y Hacienda puso el foco en los movimientos de compañías como H. Van Landewyck, un fabricante de Luxemburgo que produce enseñas como Elyxir, Austin o Ducal; la griega Karelia Tobacco, dueña de American Legend, y la chipriota Explosal Ltd, propietaria de Raquel, entre otras.

Estas tres compañías suman una cuota de mercado del 36% entre las cajetillas sin precinto fiscal, es decir, aquellas que proceden del tráfico ilícito o que han sido introducidas de forma legal desde otras países. Además, ninguna de ellas ha suscrito el acuerdo con OLAF, que sí han firmado, en cambio, las cuatro grandes del mundo: Philip Morris, Japan Tobacco International, Imperial Tobacco y British American Tobacco.