España quiere que Bruselas compense la retirada de los productos vetados por Rusia

Actuar rápido para evitar el contagio a otros mercados y una caída de precios generalizada. Ese es el acuerdo al que llegaron el Gobierno y las organizaciones agrícolas para paliar los daños de la prohibición rusa de importar varios productos alimentarios de países de la UE. Para lograrlo España pedirá a la Comisión Europea la retirada del mercado de la producción excedente de frutas y hortalizas vetadas por Rusia, según anunció ayer la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, en la reunión con los representantes del sector. El objetivo es evitar que el exceso de oferta provoque un efecto dominó con caídas de los precios en otros mercados de destino. Para compensar las pérdidas por la eliminación de esos productos, el Ejecutivo también mira a Bruselas. En concreto, al fondo de gestión de crisis europeo aprobado en la última reforma de la Política Agraria Común y que debería asumir los costes de las pérdidas causadas por esa retirada.

Según cálculos del Gobierno, la prohibición rusa tendrá un impacto de 337 millones de euros en España (5.252 millones a nivel comunitario). Sin embargo, las organizaciones agrícolas temen que el daño vaya más allá de los productos vetados, ya que podría contagiar a los precios exportados en otros países. De hecho, actualmente hay almacenadas 50.000 toneladas de frutas, según fuentes del sector. Unos productos perecederos que necesitan ser colocados en mercados alternativos o retirados. «Esta es la primera y más urgente medida que España va a pedir a la Comisión», indicó Tejerina. De hecho, la ministra recordó que el Gobierno ya había acordado la retirada de 10.000 toneladas de melocotones y albaricoques, que tienen como fin último destinarse a ayuda humanitaria y bancos de alimentos. «Solicitaremos a la Comisión a ampliar esa medida de retirada en cuanto al volumen y también en cuanto a sectores de frutas afectadas», explicó la ministra.

En realidad el encuentro sirvió para fijar la postura que tendrá España en la reunión que el próximo jueves se celebrará en Bruselas para tratar el asunto. Tejerina insistió en que la prohibición «afecta a toda la UE» y, por tanto, es a la Comisión a quien le corresponde adoptar medidas. Sin embargo, destacó que si fuera necesario el Gobierno tomaría «medidas complementarias», aunque no especificó cuáles. Además, Tejerina señaló que a «medio plazo» se continuará trabajando para «encontrar mercados alternativos» a esos productos.

«Plan de choque»

Por su parte, la organizaciones agrícolas insistieron en la necesidad de actuar de manera inmediata e instaron a Gobierno y UE a solucionar el problema. «Si una decisión política es la que nos ha puesto en jaque, tienen que ser medidas políticas las que den soluciones», aseguró el secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Miguel Blanco, para quien la retirada es «fundamental porque hay una deriva hacía la caída de precios». En su opinión, no se puede «minimizar» el problema y se deben realizar un «plan de choque» para recuperar los mercados.

Desde UPA, su secretario general, Lorenzo Ramos, señaló que ante una situación «excepcional» hay que poner de «inmediato» medidas «excepcionales» y por eso consideró que la UE debería decidir este jueves eliminar producción de frutas y habilitar líneas de ayudas a dichos productores. En ese sentido, el presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro Barato, reiteró en que la UE no puede «dilatar» las decisiones. En cualquier caso, el próximo lunes la ministra y las organizaciones del sector volverán a reunirse para evaluar la situación.

Sin embargo, los mensajes trasmitidos ayer desde Bruselas descartan medidas inmediatas y amenazan con enredarse en la habitual burocracia de tomas de decisiones. «Podemos apoyar a los agricultores si hay problemas, pero necesitamos analizar primero el impacto potencial», aseguró el portavoz de Agricultura del Ejecutivo comunitario, Roger Waite. En su opinión, todavía es «demasiado pronto» para discutir las cantidades exactas de compensación. Waite se remitió a lo que acuerden el próximo jueves en la reunión del Comité de Gestión con los Estados, aunque lanzó un mensaje claro: «La cuestión de la compensación va a durar mucho más».