Andalucía admite responsabilidades e investigará una ayuda al Algarrobico

La Junta de Andalucía continúa adelante en su objetivo de derribar el hotel Algarrobico en Carboneras (Almería) y, de momento, evitar que el promotor pueda terminar la construcción del inmueble merced a la sentencia que avala la licencia de obras. Pero a la espera de que a comienzos de septiembre inscriba de forma oficial en el registro la titularidad pública los terrenos donde se levanta el inmueble, empieza a reconocer sus responsabilidades en el litigio y anuncia que investigará las ayudas públicas concedidas a la promotora para construir el hotel.

Los grupos ecologistas siempre han denunciado la responsabilidad de la Junta (también del Gobierno central) en la construcción del edificio, considerado símbolo de la destrucción salvaje de la costa, al ser la administración regional quien modificó el nivel de protección urbanística de la zona sin someterlo a exposición pública. «Falsificaron los planos para que medio centenar de parcelas fueran declaradas urbanizables, algo gravísimo», explicó el portavoz de Salvemos Mojácar, Jaime del Val, que apuntó para decir que la Junta «está implicada hasta el cuello, porque dieron todos los permisos» con la connivencia del entonces gobierno municipal, en manos del PSOE.

De hecho, la licencia de obras tuvo una rebaja en el pago de las tasas municipales de hasta el 99%, según los conservacionistas. Pero, además, en abril de 2002 el Ministerio de Economía concedió una subvención, gestionada por la Junta, de 2,7 millones de euros como incentivo en el marco de un plan de desarrollo sostenible del levante almeriense. «Yo creo que no se llegó a otorgar la subvención porque se otorgaría si se finalizaban las obras y no se finalizaron», justificó ayer la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, quien en cualquier caso subrayó que «estamos ante un nuevo tiempo y eso corresponde a decisiones del pasado». «Pero si hay que depurar responsabilidades, se van a depurar, no les quepa duda, ya que hay tolerancia cero ante cualquier atisbo de corrupción o acción mal ejecutada», insistió.

Amparo jurídico

Serrano confirmó que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Andaluz (TSJA), que el pasado mes de abril ratificó la titularidad pública de los suelos, es la que ampara a la Junta para hacerse con los terrenos al precio fijado ya por la justicia (2,3 millones de euros) y realizar la inscripción formal en el registro, prevista para el próximo 12 de septiembre. Una decisión que, en contra de lo apuntado por el Ayuntamiento de Carboneras, aseguró que ha sido «muy meditada y estudiada por los servicios jurídicos» de la Junta, que analizan además la posibilidad de recurrir la última sentencia, también del TSJA, que considera legal la licencia de obras concedida a la promotora en 2001.

En este sentido, la consejera reconoció que hubieran preferido esperar hasta «tener resueltos los dos recursos de casación interpuestos por la promotora ante el Tribunal Supremo contra dos de las tres sentencias que nos dan la propiedad del suelo», pero que el «cambio de escenario» de los últimos fallos judiciales -el de la licencia de obras y otro también del TSJA que reconoce el suelo como urbanizable- «nos obliga a tomar decisiones y articular medidas para impedir que se reanuden las obras o que se transforme más el suelo con el objetivo último de la demolición para la restitución de los valores paisajísticos y medioambientales de Cabo de Gata-Níjar».

Se trata de una opción, calificada como «arriesgada y valiente» por el propio Ejecutivo autonómico, que evita en primera instancia que el promotor pueda reanudar las obras del edificio y que de paso reduce las opciones para que éste pueda exigir una indemnización millonaria. En cualquier caso, el objetivo último, según la consejera, «es la demolición del hotel para proteger los valores medioambientales y de biodiversidad del paraje».