Esquerra reclama a Mas que desobedezca al Constitucional si prohíbe la consulta
El socio del que depende la estabilidad del Gobierno de CiU exige que el 9 de noviembre se saquen las urnas diga lo que diga el tribunal
Actualizado:La política catalana cada vez huele más a elecciones anticipadas. Esquerra, el socio parlamentario del que depende la estabilidad del Gobierno en minoría de CiU, dejó ayer claro a Artur Mas que el próximo otoño le exigirá que desobedezca al Tribunal Constitucional si la corte, como parece más que probable, termina por prohibir la consulta soberanista prevista para el 9 de noviembre.
El aviso sale al paso de la evidente intención de la Generalitat y de su presidente, reiterada el jueves mismo por el consejero Santiago Vila, de no celebrar el referéndum soberanista si para ello tiene que violentar la ley y una previsible resolución judicial que suspenda o anule el decreto de convocatoria.
Los republicanos, según explicó la número dos del partido, Marta Rovira, muy al contrario, están dispuestos a hacer «todo lo que tengan en sus manos» para que ese domingo de noviembre las urnas estén en la calle y los catalanes puedan decidir si desean separarse de España y constituir un estado propio, tal y como pactaron en diciembre pasado Artur Mas y los máximos responsables de Convergencia, Unió, ERC, Iniciativa y las CUP.
El partido liderado por Oriol Junqueras avisa a Mas de que no va a aceptar que la Generalitat frene el referéndum con el argumento de que el Constitucional, al que el Gobierno de Mariano Rajoy pedirá que anule la convocatoria, no permite celebrarlo.
Su opinión es que en la decisión de la Generalitat debe prevalecer la legalidad y el mandato que emana de las últimas elecciones autonómicas, ganadas por los partidos que llevaban en su programa el compromiso de convocar y celebrar la consulta, sobre «la legalidad decidida por doce magistrados» que consideran «nombrados a dedo por PP y PSOE». «No vale abandonar el barco del derecho a decidir», le avisó Marta Rovira. La postura de los republicanos es idéntica a la de la poderosa plataforma civil soberanista, la Asamblea Nacional de Cataluña, que hace semanas que también exige al presidente que no deje de colocar las urnas el 9 de noviembre, se lo diga quien se lo diga.
La pinza
Si Esquerra cumple con su advertencia y Mas no está dispuesto a celebrar una consulta declarada ilegal, el presidente de la Generalitat puede encontrarse este otoño con un Gobierno en minoría, sin votos siquiera para aprobar los Presupuestos de 2015, y atrapado en una pinza desde los dos extremos del Parlament, los independentistas de ERC y CUP, y quizás Iniciativa, y las formaciones contrarias a la ruptura con España, PSC, PP y Ciutadans.
La encrucijada de Mas solo parece tener tres caminos, y ninguno fácil. Hacer caso a Esquerra e incurrir personalmente en un delito de desobediencia grave, que terminaría con una condena de inhabilitación para seguir en el cargo y podría provocar una intervención de las fuerzas de seguridad estatales en Cataluña para evitar la consulta. Dar marcha atrás en el proyecto rupturista y buscar el apoyo de PSC y PP para seguir en el Gobierno y abrir una 'tercera vía'. O, el más probable, olvidar su deseo de agotar la legislatura -noviembre de 2016- y convocar en pocos meses elecciones autonómicas con un carácter plebiscitario, comicios que, según las encuestas, tiene alta posibilidad de ganar ERC.
Mientras sigue atrapado por las presiones de uno y otro lado, incluidas las de sus socios de Unió, que no van a seguirlo en la ruta rupturista, lo único que sí tiene claro Mas es lo que hará Rajoy, que no permitirá un referéndum sobre la independencia de Cataluña ni autonómico ni nacional.
El Gobierno central está a la espera de que el presidente catalán, a finales de septiembre o primeros de octubre, según cuando entre en vigor la ley de consultas, firme el decreto de convocatoria del referéndum para impugnar ante el Constitucional tanto la ley autonómica como el decreto.
La mera admisión a trámite de los recursos, que pedirán la nulidad de ambos normas por vulnerar la Constitución, obligará al tribunal a ordenar la suspensión cautelar de la ley y de la consulta por un período máximo de cinco meses.